Un juez otorgó cuatro años de libertad condicional a José Ángel “N”, abuelo del niño de 11 años que hace un año disparó a sus compañeros y profesores del colegio Cervantes, de Torreón. No le pudieron acreditar el delito de homicidio doloso por comisión por omisión, por lo que finalmente fue reclasificado por homicidio culposo.

Hace un año, un niño de 11 años ingresó al colegio Cervantes, de Torreón, con dos armas y abrió fuego contra compañeros y profesores. Mató a una maestra y después se suicidó. Autoridades acusaron a José Ángel “N”, abuelo del menor, por haber omitido tomar las precauciones para evitar que el niño tuviera acceso a las armas, por lo que inicialmente fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva.

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que el pasado 2 de octubre se llevó a cabo una audiencia en la que se determinó que no existían elementos de prueba para calificar el delito como homicidio doloso por comisión por omisión, pero sí por homicidio culposo, por lo que el José Ángel quedó en libertad condicional.

Márquez detalló que no se logró acreditar que existiera dolo por parte del abuelo, por lo que únicamente se resolvió como culposo. De cualquier forma, determinaron su responsabilidad por haber omitido poner condiciones de prevención para que el menor no tuviera acceso a las armas.

“Es una figura que poco ha sido utilizada. Sí hay responsabilidad del abuelo del menor en haber omitido. En este juicio se probó que fue una falta de cuidado, de previsión, de prevención la que se dio en la persona del abuelo del menor”, comentó.

NO PUEDE ACERCARSE A DOMICILIOS DE VÍCTIMAS

La libertad condicional, detalló el fiscal, se dictó por cuatro años, en los que el abuelo tendrá que residir en Torreón, no tener acceso a armas de fuego ni posesión ni portación, así como no acercarse a los domicilios de las víctimas. En caso de cumplir, después de los cuatro años ya no habrá sanción.

El fiscal aclaró que a las víctimas de lesiones (cinco alumnos y un profesor que fueron heridos) les quedan a salvo los derechos para la presentación de una denuncia. “Nos acercamos con ellos y en cuanto a ellos materialicen la querella se le llamará de nuevo al imputado”, añadió Gerardo Márquez.

Dijo que pusieron énfasis en llevar a la justicia un tema de esta naturaleza porque opinó que son temas que siempre han sido soslayados o ignorados por la autoridad y la sociedad. “El tema es más sensible socialmente”, recalcó, pero insistió que llevar un asunto como éste a la justicia implica que todos pongamos atención en circunstancias que omitimos en los domicilios como tener armas al alcance de los menores o hasta una máquina de operación peligrosa.

Márquez dijo desconocer el estatus de la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego que ésta bloqueara las cuentas del abuelo y el papá del niño, pues se encontraron en su momento flujos de recursos de más de 100 millones de pesos hacia supuestas empresas, transferencias hacia EU, la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años, y un posible delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Asimismo, aclaró que no existen acusaciones contra la abuela ni el padre del menor, pues el deber y responsabilidad jurídica era del abuelo. Añadió que tampoco existe denuncia por el delito de posesión de armas exclusivas del Ejército.