El pasado 8 de febrero, el juez segundo penal en Monterrey liberó a uno de los cuatro acusados de secuestrar y asesinar al joven empresario Damián González del Río, quien fue victimado en agosto de 2012, y exoneró a los tres restantes; quienes permanecen en prisión por otros hechos delictivos. 

Importa destacar que dichos individuos fueron sentenciados en dos ocasiones, durante 2013 y 2015, alcanzando condenas de entre 70 y 90 años, después de admitir ante la autoridad su responsabilidad en el secuestro y asesinato. 

El que fue liberado, como producto del veredicto del juez Raymundo Martínez González, es el autor intelectual del secuestro, quien guardaba una relación laboral con la víctima y que en un acto de venganza se coludió con los otros tres delincuentes, quienes ya contaban con antecedentes penales y son integrantes del cártel de “Los Zetas”, para perpetrar tan abominable crimen, a pesar de que la familia de Damián pagó hasta en tres ocasiones por su rescate. 

Indigna que quienes admitieron su responsabilidad ante el Ministerio Público y que actúan con felonía, sean exonerados y liberados, apelando a argumentos tramposos que permiten a los jueces y procuradurías evadir el peso de la responsabilidad de impartir justicia de manera pronta y expedita, desprotegiendo los derechos de las víctimas. 

De acuerdo a experiencias internacionales, esta decisión del juez resulta una verdadera aberración: “la decisión de excluir una prueba incide no sólo en el respeto a las garantías de imparcialidad, debido proceso y derecho de defensa, sino, además, en el goce efectivo de otros derechos constitucionales. 

El juez, pues, violó la teoría de la prueba, porque exacerbó la exclusión de la misma, innecesariamente, y desechó pruebas indubitables, como es el caso del reconocimiento de voz. Los formalismos jurídicos, están generando ceguera en la justicia. 

La indolencia con la que operan muchos jueces vuelve a sangrar la herida de las víctimas y, peor aún, pone de nuevo en las calles a quienes han lastimado tanto a los ciudadanos. 

Esto nos recuerda que es fundamental y urgente, la implementación completa y adecuada del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual no debe permitir de ninguna forma la impunidad. La apuesta y la inversión realizada desde 2008 es extraordinaria, es por eso que mantenemos la esperanza de que este nuevo sistema debe funcionar con efectividad para dar respuesta a una de las demandas sociales más sentidas, justicia, priorizando los derechos humanos de la víctima u ofendido. 

Pero en especial es ineludible que pase algo con los jueces que utilizan la ley a modo, sin considerar el contexto, las pruebas del caso y la repercusión de sus sentencias. El juez debe ser consciente que tiene responsabilidad social y que en sus manos está hacer justicia. 

Así como no tiene sentido una ley que no haga justicia, tampoco es concebible una justicia sin ley. De lo que se trata es que los operadores del sistema jurídico en su conjunto, es decir, policías, fiscales, defensores y jueces, sean capaces de generar las condiciones para que las resoluciones hagan justicia al aplicar la ley.
La corrupción no nace sola, surge y se alimenta de la indiferencia, de la indolencia y de la impunidad rampante que ante hechos tan graves como la liberación de este secuestrador, prevalecen para este juez. ¿Qué hacen las instituciones ante realidades tan dolorosas como ésta? El silencio priva y la impunidad y la corrupción hacen fiesta. 

Hace 5 años, durante los Diálogos por la Paz que se realizaron en el Castillo de Chapultepec, en presencia del entonces presidente Felipe Calderón, dije las siguientes palabras: “Para las víctimas, directas e indirectas del secuestro, nos urge presenciar la entrada de los secuestradores sentenciados, y con todo respeto y en silencio, hacer una valla a lo largo del camino para su reclusión. Mostraremos a todos aquellos que pretendan dedicarse a tan cobarde delito, que en México se hace justicia y que en México vamos en camino a derrotar la corrupción y la impunidad”. 

Con el propósito de honrar mi palabra, demando, exijo justicia para Damián González del Río y sus familiares.