José Arcadio González Peña, regidor de Arteaga acusado de robar cable de Telmex, quedó ayer en libertad al tener fuero; ahora su destino está en manos del Congreso estatal quien deberá emprender un juicio político para que pueda ser castigado.

En la audiencia presidida por la jueza Silvia Ortiz, la defensa del iniciado se manifestó inconforme dando lectura al Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentado que al ser regidor contaba con fuero, ya que hasta el momento desempeña el cargo. 

“El Congreso del Estado deberá declarar mediante resolución de las dos terceras partes de sus miembros, si hay o no lugar para proceder contra el inculpado sujetándose a las garantía de la audiencia”, sostiene la Ley en su artículo 165. 

Sin embargo, quienes se mantuvieron detenidos fueron Salvador González (hermano del regidor), así como Claudia Maribel Arriaga Reyes, Reyes Guadalupe Sánchez Hernández, Osvaldo Mancillas Dávila y el menor Felipe de Jesús.

La defensa solicitó emplazar el caso para continuar el proceso más adelante y pudiera realizar las investigaciones correspondientes, otorgándole un plazo de 144 horas, el cual se termina el próximo martes a las 10:30 de la mañana que es cuando se reiniciará. 

LE QUITAN COMISIÓN DE SEGURIDAD
Durante la sesión ordinaria de este jueves el Cabildo del municipio de Arteaga removió al octavo regidor, José Arcadio González Peña, como presidente de la comisión de seguridad, luego de ser detenido por el delito de robo el pasado martes y en su lugar fue designado Melchor Cepeda Destenave, de manera provisional.

La decisión fue unánime por parte de los regidores presentes luego de que el secretario del Ayuntamiento, Gabriel Orsúa Martínez, leyó un pronunciamiento elaborado por la fracción priista donde expusieron el procedimiento jurídico a seguir; ahí se mencionó que de acuerdo a la normativa vigente es todo lo concerniente a nivel municipal.

El ministerio público adscrito al municipio de Arteaga integró la carpeta de investigación por el robo bajo la modalidad de agravante, “nos encontramos frente a un caso que debe substanciarse de manera especial ya que se trata de un procedimiento en el que se encuentra inmerso un servidor público”, señala el texto. / Ulises Martínez - Edgar Moncada