En Coahuila, el 20 por ciento de los presuntos delincuentes que son puestos a disposición de un juez tienen que ser dejados en libertad porque las detenciones que hacen los policías son calificadas de ilegales por los juzgadores, admitió Gerardo Márquez Guevara.

El Fiscal General de Coahuila dijo que éste es uno de los temas fundamentales que se están tratando a fin de ir erradicando.

“De los casos que llegan a judicializarse, del 100 por ciento… es variable, pero tenemos cerca de un 80 por ciento que están siendo calificados de legales y el 20 por ciento restante, no”, subrayó.

El Fiscal detalló que la ilegalidad de las detenciones recae en circunstancias que, dijo, deben mejorarse.

“Se clasifican de ilegales estas detenciones por varios motivos, porque se ha excedido el tiempo que marca la Ley en el que se hace la judicialización; en ocasiones la flagrancia no está bien acreditada entonces hay que dejarlos en libertad porque la detención no es calificada de legal”, aseguró.

Márquez dijo que el promedio mencionado es el que tiene la entidad en el tiempo que lleva vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal.

No detalló cuántos son los casos en la entidad, pues dijo que son muchos y que varían según la región.

“Pero estamos trabajando en ese 20 por ciento. Son muchos (los casos en que alguien es llevado ante un juez)… cada semana…por ejemplo aquí en la Región Sureste tenemos 40 ó 50 judicializaciones de esas 8 no pasan el control; en el norte tenemos 40 ó 45 y pasan 43…”, mencionó.

Sin embargo, aun así, el Fiscal General manifestó que con ese 20 por ciento, Coahuila es una de las entidades con mejores resultados en ese indicador, pues hay estados en donde se “suelta” a la mitad de las personas que son llevadas ante un juzgador por defectos en el proceso de su detención.

En este contexto, Márquez precisó que esta semana empiezan cursos conjuntamente con el Poder Judicial, en busca de capacitación y homologación de criterios de jueces, policías y ministerios públicos, lo que ayudará a mejorar los indicadores.

“Hemos diseñado un agenda para que empecemos a  trabajar en forma conjunta. Van dirigidos (los cursos) a ministerios públicos, policías de primer contacto e investigadores y participarán los juzgadores”, recalcó el Fiscal.