Ciudad de México. Las leyes permiten que en México la contaminación del agua quede impune, de acuerdo con organizaciones ambientalistas que presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la debilidad y la falta de aplicación de la normatividad que regula las descargas de contaminantes en los ríos, lagos y otros cuerpos de agua del país. 

Representantes del Colectivo Ecologista de Jalisco, del Instituto de Derecho Ambiental y de la Coordinadora Agua para Tod@s-Aguas presentaron este miércoles la campaña “El río suena”, que tiene como objetivo visibilizar el problema de la contaminación del agua. Su primera acción fue la presentación de la denuncia. 

Explicaron en una conferencia de prensa que la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, relacionada con las descargas de contaminantes en el agua, sólo regula 20 parámetros de contaminación y que deja sin regulación a una amplia gama de sustancias tóxicas, en particular las que vierten las industrias. 

En la denuncia que presentaron hacen referencia a un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que se indica que la norma “tiene un efecto nulo”y que “no se cumple, lo que representa la libre descarga de contaminantes”. 

“Las autoridades no se atreven a tocar a las industrias que están contaminando los cuerpos de agua del país”, sostuvo Elena Burns, de la coordinadora Agua para Tod@s. Y agregó que hay datos que indican que ocho de cada diez ríos en México están contaminados.  

Para Cindy McCulling, investigadora del Colectivo Ecologista de Jalisco, “pareciera que el sistema nacional estuviera hecho para no funcionar”. Explicó que desde 2007 se ha estudiado la necesidad de modificar la norma, pero que “no hay voluntad política para emitir las regulaciones necesarias para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud humana”. 

En la denuncia se enfatiza que la norma ha sido incluida en el Programa Nacional de Normalización(PNN) para su modificación desde 2007, pero que aún no se ha publicado en el Diario Oficial un anteproyecto para cambiarla, aunque en el propio PNN se señala que es necesario revisarla pues sus parámetros y límites “han quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país” y respecto a normas internacionales.