A pesar de no tener una bancada que lo respalde, ha construido un movimiento político fresco, inteligente y propositivo con “Wikipolítica”. Su última gran victoria ha sido la aprobación de la iniciativa “Sin voto no hay dinero” que limita los recursos públicos otorgados a los partidos, en el Congreso jalisciense. Pero como dicen los politólogos Roderick Kiewiet y Mathew McCubbins, el diseño institucional en una democracia es un “tricky business” y a veces, al intentar remediar un mal terminamos generando otros peores. 

Los efectos negativos que hacen de “Sin votos no hay dinero” o la “Ley Kumamoto” una mala idea son, en resumen, los siguientes: 1) disminuirá la competitividad electoral de los partidos de oposición, 2) favorecerá económicamente a los partidos con mayores estructuras clientelares y relaciones corporativas -el partido más grande en este sentido es, por mucho, el PRI-, 3) incentiva el abstencionismo (lo cual favorece también a los partidos con mayor poder) y 4) junto con la legalización de las candidaturas independientes, puede ser una puerta de entrada inmejorable para intereses oscuros a los puestos de decisiones públicas.

1. Disminuye la competitividad de los partidos de oposición.

En una democracia relativamente sana, el estado normal de las cosas es que los partidos políticos tienen mala fama, y los ciudadanos se sienten descontentos con la clase política. Esto es así porque la democracia es un sistema imperfecto, pero que permite un nivel significativo de libertad de expresión gracias al cual los actos inmorales de los funcionarios se difunden en los medios de comunicación (si esto no ocurre, no estamos hablando de una democracia). Ahora bien, es altamente improbable que un partido que haya gobernado demarcaciones u ocupado asientos legislativos se salve de que alguno de sus miembros haya incurrido en actos moralmente cuestionables, cuando no francamente corruptos, que se hayan ventilado públicamente. Independientemente de que los niveles de corrupción que existen en un sistema político sean relativamente altos o bajos, este recelo hacia los partidos es la regla y no la excepción cuando se trata de democracias.

Partiendo de esta premisa, poner al alcance del elector la posibilidad de infligir un castigo directo hacia los partidos, previsiblemente derivará en que muchos ciudadanos opten por hacer efectiva esta opción. ¿Quiénes serán estos ciudadanos? No los que componen las cifras de “voto duro” del PRI o del PAN, o de cualquier otro partido con una estructura territorial con la que administre recursos públicos como prebendas para una clientela electoral empobrecida y mayormente ignorante. Los que optarán por tomar esa opción son los ciudadanos que normalmente emiten un voto por convicción hacia el candidato que consideran como el “menos peor”.

Es mucho más atractivo infligir un castigo directo a todos los partidos, que hacer la penosa y desalentadora elección del candidato menos malo de entre una boleta de candidatos malos. El resultado de esto será que los partidos que representan una alternativa ante los partidos más consolidados perderán una porción de la gente que habría votado por ellos tratando de hacer valer su voto bajo el criterio de elegir el “menos peor”. En escenarios de elecciones muy cerradas, esta porción puede significar una ventaja decisiva para los partidos más consolidados. Con un agravante: hacer la elección del “menos peor” requiere un mínimo de información por parte del elector, mientras que no elegir a ninguno, no.

2. Beneficia directamente al PRI en términos económicos.

Vincular el presupuesto que será otorgado a los partidos con la cantidad de votos que sean capaces de conseguir suena muy bien, pues debería incentivar a los partidos a esforzarse por convencer a la ciudadanía atendiendo sus demandas y necesidades. Aunque este razonamiento es correcto, el defecto está en que no todos los votos se emiten por convicción, después de ponderar la información disponible sobre las propuestas y los antecedentes de los candidatos. De hecho, este tipo de votos son los más raros. En cambio, hay muchas otras razones que pueden llevar a los ciudadanos a convertirse en clientes electorales relativamente leales a un partido que les ofrece directamente ciertos beneficios tangibles.

Los partidos con un porcentaje más alto de votos de este tipo se verán menos perjudicados por la nueva “Ley Kumamoto” simplemente porque no perderán estos votos leales, y comparativamente perderán menos que los demás. Ahora bien, el partido con relaciones corporativas y clientelares más importantes en el país es el PRI; es también el único partido con una estructura territorial presente en todos y cada uno de los 2,446 municipios del país. Por consiguiente, el PRI sería el partido menos castigado económicamente por la nueva ley de aplicarse a nivel federal, y muy probablemente también lo será en Jalisco.

3. Promueve el abstencionismo.

Todo sistema democrático debe incluir mecanismos para castigar el mal desempeño de los gobernantes y funcionarios. Además de las sanciones penales y administrativas por la comisión de delitos, uno de estos mecanismos característico de las democracias es el voto libre (los ciudadanos pueden elegir “castigar” a un partido que lo ha hecho mal votando por su adversario). Aumentar este tipo de mecanismos que obliguen a los políticos a ser responsables ante los ciudadanos es, en principio, una buena idea.

Sin embargo, la idea de que una simple abstención (es decir, la no participación) pueda contar para castigar a los partidos es, además de paradójica, anti-política. Si como se dijo al inicio, el estado de ánimo normal de una sociedad hacia los partidos es adverso, lo que estamos fomentando es la ‘no participación’ de la ciudadanía en la política. Más allá de que no necesitamos más gente apática y desinformada sino todo lo contrario, la idea de que la no participación de un ciudadano cuente igual que cuenta la participación de otro, es un premio para los apáticos; un premio fundamentalmente injusto por inmerecido.

En cambio, podrían explorarse otras vías para que el ciudadano ejerza un castigo a los partidos mediante su participación, como crear alguna especie de voto negativo complementario al voto normal, con el que el ciudadano pueda castigar a un partido que considere el peor. Esta idea también tendría sus inconvenientes, y aunque funcionara, no resolvería mucho mientras no logremos afianzar lo principal: tener instituciones fuertes e imparciales que hagan valer el Estado de derecho y aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que incurran en delitos, cosa que no hemos logrado. Ahí la relevancia de la actual discusión en torno a la Fiscalía General de la República y la importancia de haber impedido el #FiscalCarnal para no viciar de origen su pretendida autonomía.

4. Es una puerta de entrada fácil para los intereses oscuros.

En combinación con la legalización de las candidaturas independientes, la “Ley Kumamoto” puede facilitar el acceso de intereses oscuros a los puestos de decisiones públicas, y esta es tal vez la consecuencia negativa más grave que la propuesta puede tener. Con “intereses oscuros” me refiero sencillamente a los intereses de cualquier tipo de actor o grupo de actores que buscan obtener algo del sistema político, y cuyas identidades no se conocen públicamente. Estos pueden ser grupos del crimen organizado, agentes de un país extranjero, o más comúnmente, grupos empresariales de peso.

En una democracia, estos grupos de interés buscan incidir en el sistema político para decantar las decisiones públicas a su favor a través de los partidos políticos, en lo que comúnmente se conoce como “cabildeo” o “lobbying”. Esto es normal dentro de ciertos límites, porque es inevitable. Los representantes de estos grupos tienen que ofrecer algo de interés para los partidos políticos (normalmente dinero para financiar campañas), para obtener algo que les interesa de los políticos (normalmente decisiones de gobierno). Esto es un proceso de negociación en el que los intereses oscuros suelen obtener algo, pero difícilmente todo lo que les gustaría, porque los políticos -que están sometidos al escrutinio público- tienen que cuidarse las espaldas y tienen también una serie de compromisos previos con sus partidos y sus bases de apoyo, que en ocasiones pueden resultar antagónicos. Sin embargo, la “Ley Kumamoto”, junto con la posibilidad de las candidaturas independientes puede proveer un acceso mucho más directo de estos intereses a las decisiones públicas.

La mejor forma de explicar cómo es con un ejercicio de imaginación. Imaginemos que en Jalisco un grupo de interés oscuro con capacidad económica, en lugar de contribuir para financiar la campaña de algún candidato a gobernador a cambio de ciertas promesas (lo que normalmente sucedía), se propone decidir directamente quién será el siguiente gobernador. Los partidos políticos no son un rival fácil de vencer, aún con una campaña que tenga suficientes recursos para competir; debilitarlos debería facilitar las cosas. Si su financiamiento dependerá del número neto de votos obtenidos en las elecciones de diputados anteriores, una forma de hacerlo es crear una campaña mediática que llame a los ciudadanos a castigar a la clase política donde le duele: en el bolsillo.

Supongamos que la campaña #PégaleALosPartidos de la organización civil “Revolución Ciudadana Jalisco” se hace muy bien, y que hay dinero para impulsarla fuerte en los medios locales. Se llega a un nivel de abstencionismo histórico del 80% en la elección de diputados (esto es factible). El resultado se celebra con entusiasmo como una victoria ciudadana y una lección para los partidos políticos. Éstos verán disminuido el 55% de su presupuesto respecto de la bolsa de 1,800,265,754 MXN generada por la nueva fórmula, quedando el presupuesto total a repartir entre los partidos en 810,747,918 MXN. En las siguientes elecciones para gobernador, la asociación civil “Revolución Ciudadana” que se ha vuelto especialmente popular entre los universitarios y es generalmente vista con buenos ojos, decide apoyar la candidatura independiente de José Mario Lozoya Santillana. El personaje es nuevo para la mayoría de la gente, pero hace una buena campaña con un discurso “ciudadano” que apela al hartazgo hacia la clase política. No le faltan incidentes irritantes qué mencionar asociados todos los partidos con posibilidades de ganar. La mayoría de la gente no sabe quién lo financia, pero tampoco se lo pregunta; les entusiasma la posibilidad de prolongar la lección ciudadana a los partidos de la elección pasada. “Chema” Lozoya gana las elecciones. El grupo de intereses oscuros no tienen qué cabildear más con los partidos, ahora gobiernan directamente el estado.

Por supuesto que el factor decisivo aquí es la legalización de las candidaturas “independientes” que ya había sido aprobada, la Ley Kumamoto simplemente contribuiría a debilitar a los partidos políticos y facilitar así la vía “independiente” que es mucho más cómoda para los intereses oscuros. De hecho, ya vimos un episodio parecido (sin el factor de la ley “Sin voto no hay dinero”) en Nuevo León, con la elección de Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco” como candidato “independiente”; fuertemente financiado por sectores importantes del empresariado del estado.

La cantidad de dinero que reciben los partidos actualmente es a todas luces excesiva, y en contraste con el tamaño de los problemas del país que reclaman presupuesto y con la miseria de los salarios, este exceso se convierte en un indignante agravio para los ciudadanos. En este sentido, disminuir el dinero público destinado a los partidos es positivo. Sin embargo, podría hacerse por otras vías que salven los efectos negativos que se describen arriba (por ejemplo, podría sencillamente reducirse el multiplicador base en la fórmula con que se calcula el presupuesto de los partidos, es decir, reducir el 65% de la UMA en la fórmula actual).

No creo que Pedro Kumamoto haya pretendido intencionalmente favorecer al PRI o a cualquier otro partido con su iniciativa, pero en todo caso el efecto será el mismo. El apoyo de las bancadas del PRI y el PAN en la aprobación de la iniciativa, junto con las manifestaciones favorables del gobernador priísta Aristóteles Sandoval, no deberían leerse sólo como una cesión a la presión ciudadana ausente de todo cálculo, sobre todo en el caso del PRI. En todo caso, el experimento de Jalisco podría servir para ver las consecuencias de la ley y corregir sus errores antes de implementarla en otros estados y en el nivel federal. Sin embargo, la iniciativa ya se ha presentado en la mayoría de los estados y en el Congreso federal, y su aprobación en Jalisco ha levantado mucho entusiasmo. La prisa por generalizar su implementación podría terminar en un autogol de la sociedad civil.

Pedro Kumamoto ha demostrado hasta ahora ser un joven político bien intencionado, inteligente, honesto y talentoso. Pero en todo sistema político se puede encontrar gente que entra con estas características y las pierde en el camino. La opinión pública debería honrar los buenos esfuerzos de Kumamoto manteniendo una vara alta para evaluarlo en cuanto a su congruencia.

Por ahora, ya nos ha anunciado su primera pequeña traición: pedirá licencia para dejar su cargo y aspirar a un escaño en el Senado de la República, cuando en su campaña prometió explícitamente que no lo haría. Aunque me encantaría verlo en el Senado, y no veo mal que se pida licencia para aspirar a un nuevo cargo de elección, hay que señalar que incumplió su palabra. Vale Pedro: podemos perdonarte esta vez, pero no la siguiente. La mejor forma de ayudarte es seguir vigilando.

@CarlosDavila_mx

#SinVotoNoHayDinero