La nueva Ley en materia Forense que se promulgó el domingo en Coahuila, fue el resultado del esfuerzo de cuatro meses entre los colectivos: Grupo VIDA A.C., Fuundec-Fuundem, Alas de Esperanza y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, y fueron asesorados por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

“La propuesta de Ley fue hecha por los cuatro colectivos, porque fuimos los que nos sentamos, articulamos y los que hicimos todo. Ellos (autoridades) únicamente la checaron y la aceptó el Congreso y la firmó el Gobernador”, detalló Silvia Ortiz, madre de Silvia Sánchez —desaparecida desde el 2004 en Torreón—. 

A dicha legislación ni el gobernador Rubén Moreira, ni el Congreso local, impusieron trabas o impedimentos para su promulgación, dijo; por el contrario, los colectivos recibieron apoyo absoluto, y aunque no se ha fijado el presupuesto para mantener en marcha la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas, Ortiz sostuvo que es necesario el recurso para que se cumplimente de manera correcta. 

Los colectivos, integrados por familias de desaparecidos, lograron estar de acuerdo en todos los rubros abordados en la Ley, porque el objetivo de todos es el mismo. La legislación, que será publicada hoy en el Diario Oficial, permitirá que a partir del 2017 se arranque con la generación de nuevos protocolos nacionales e internacionales, que servirán para la pronta identificación de personas, pues en los últimos 10 años, al menos 458 cuerpos fueron llevados a la fosa común sin realizarles el debido proceso de identificación. 

“En cuanto a las fosas clandestinas, obliga al Estado a que nunca me va a dejar sola, que voy a ser acompañada por peritos, forenses y personal capacitado para la recuperación de restos”, agregó la activista.