La reforma a la Ley de Contratación y Obra Pública aprobada por mayoría de los diputados del PRI del Congreso de Coahuila, impone cargas de requisitos al ciudadano que pretende hacer una obra y no al funcionario público que sería quien tenga que comprobar que no tiene conflicto de intereses, además cuenta con artículos inconstitucionales, motivo por el cual el PAN votó en contra, dijo el legislador Jesús de León Tello.

El coordinador del PAN en el Congreso del Estado, De León Tello, fundamentó su posición porque si bien el ciudadano pretende ejecutar obras en beneficio del Estado y municipios, “pero esta Ley estatal les exige requisitos que están más allá de su alcance, por ejemplo el manifestar el hecho de que no tenga un familiar dentro de la administración pública, aunque el familiar ni siquiera forme parte de la dependencia que va a adjudicar una obra o un servicio.

“Eso genera incertidumbre para el ciudadano, cuando la carga debe ser del funcionario, de excusarse de conocer esos asuntos”, dio el legislador panista.

“La Suprema Corte de Justicia reconoce que es inconstitucional que un reglamento exija 
mayores requisitos que la propia Ley, y que exceda la facultad del Legislativo, en ese sentido sería inconstitucional que a través de un reglamento le exijan todavía mayores requisitos a los ciudadanos en vez de estar acotando al gobierno”, expuso el diputado.

Ratificó que la reforma a la Ley de Contratación y Obra Pública degenera mayor incertidumbre para todos los ciudadanos y empresas que deseen participar en los procesos de adjudicación de obra o de servicios por parte del Gobierno del Estado.

Reiteró que lejos de que el servidor público esté limitado a la corrupción, le facilitan poder descalificar una propuesta bajo el argumento de que no cumplen dichos requisitos de la ley, que sería  un exceso y abrirle el camino a que otorgue los contratos a su antojo.