Juez intelectualmente superdotado Juan Pablo Gómez Fierro, quien en sólo 24 horas –tiempo récord- estudió, analizó e interpretó las causas anticonstitucionales de la demanda de amparo que presentaron dos empresas contra la Ley de la Industria Eléctrica promulgada el 10 de marzo pasado; después de este “reconocido”, breve e intenso trabajo profesional, sin más dictaminó y de un plumazo suspendió los efectos de la nueva ley; posteriormente el citado jurisconsulto y otros jueces, como si de confeti se tratara, a diestra y siniestra han otorgado 46 amparos para 50 firmas beneficiadas (al viernes 19 de marzo).

Más burda y evidente no pudo ser la estrategia entre el poder económico nacional y extranjero y algunos sectores del Poder Judicial, apoyados obviamente por la derecha política, académica y mediática.

Una pregunta para el citado juez especializado en competencia económica ¿dónde se dice que los subsidios promueven la libre competencia y la libre concurrencia? Porque las empresas generadoras intermitentes de energía eólica y solar reciben puntualmente su pago por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¡aún sin entregar flujos de corriente eléctrica!, porque cuando se suspende dicho flujo entra el suministro de las hidroeléctricas de la paraestatal; por otra parte estas y otras generadoras utilizan sin costo alguno las líneas de transmisión de la misma Comisión.

Según CFE, sólo por subsidios a los productores independientes de electricidad se han erogado 249.61 mil millones de pesos y se calcula que en pocos años este daño subsidiario sea de más de 400 mil millones de pesos. La experiencia histórica nos enseña que en México privatización es sinónimo de corrupción.

Ya favorecida desde el gobierno de Felipe Calderón (antes de la reforma energética que la 4T se propone derogar), la empresa española Iberdrola recibió subsidios por 56.2 mil millones de pesos por el parque eólico en La Venta, Oaxaca. Espléndido mercado de energías renovables que tanto defienden los nuevos ecologistas promotores del porfirista régimen neoliberal de más de tres décadas.

Y si a jueces vamos, sólo en el año pasado 2020 se sancionó a 22 juzgadores federales por diversos actos de corrupción o irregularidades (La Jornada, 06-04-20). En este contexto que daña al Poder Judicial, el presidente López Obrador solicitó al magistrado Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, una investigación al juez Gómez Fierro, titular del juzgado segundo, dados sus antecedentes de protección al abogado Juan Collado, ahora preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, la contralora del Poder Judicial de la Federación es Arely Gómez González, procuradora general de la República y secretaria de la Función Púbica en el sexenio de Peña Nieto, periodo en el que pudo investigar actos de corrupción y no lo hizo (y vaya que tenía tela de donde cortar); así no se espera que investiguen a detalle los movimientos financieros del citado juez confeti.

José Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, sin recato alguno –y respaldado por aplaudidores apátridas- amenazó con que, si la nueva ley de electricidad atenta contra sus negocios, defenderán los intereses de sus accionistas ¡los intereses nacionales supeditados a sus negocios!, ¡y la derecha en su conjunto defiende esta postura intervencionista!

Esta es una lucha entre el Estado mexicano, para reposicionar a la CFE como empresa estratégica de interés nacional, y los mezquinos intereses de algunas empresas nacionales y extranjeras. Con toda la andanada de defensores de los intereses del capital, la contienda entre las dos fuerzas va para largo. Al final, aunque les duela y atemorice, democráticamente es el pueblo mexicano quien debe decidir qué conviene más al país.