El proyecto de dictamen Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se discute en comisiones unidas del Senado, plantea que todos los servidores públicos deberán entregar una declaración de su patrimonio y de intereses, con montos y evolución patrimonial al Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual quedará reservado por las autoridades para verificar posibles irregularidades e iniciar investigaciones.

En un carril paralelo, los servidores públicos también deberán entregar una “versión pública” de su declaración patrimonial, la cual sólo contendrá datos generales (sin montos, ni ubicación de propiedades) y quedará a consideración del funcionario si se hace pública o no.

La propuesta de redacción en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se ubica la iniciativa ciudadana "3 de 3", también propone que los servidores públicos determinarán si la versión con información reservada que entreguen a las autoridades se pueda hacer pública o no.