Autodefensas o pobladores que toman justicia por propia mano y linchan delincuentes o matar al agresor en legítima defensa. ¿Qué tienen estas premisas en común? La ausencia de un estado de derecho.

En la semana que termina el Congreso de Coahuila avaló por unanimidad una reforma al Código Penal para ampliar la figura de legítima defensa privilegiada, por lo que según los cambios aprobados, textual: “se considerará que obra en defensa legítima privilegiada, quien cause cualquier daño, lesión o prive de la vida a un extraño, siempre y cuando éste, sin motivo lícito realice una conducta, o emplee un medio físico o porte un arma, que involucren un peligro para la vida o la integridad corporal para quien causa el daño o para otra u otras personas del lugar donde el extraño penetra o intente penetrar, sin causa lícita, y en el lugar habite de forma temporal o permanente el que se defiende, su familia o cualquier otra persona respecto de la que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias, o al sitio donde se encuentren bienes propios, o ajenos respecto de los que tenga la obligación de resguardar”.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había avalado en noviembre establecer en los códigos penales que, en legítima defensa, las personas pudieran matar al agresor y que serían los Ministerios Públicos los que deberán probar lo contrario en caso de existir duda sobre cómo ocurrieron los hechos.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Guerra, expone que los delitos del fuero común, específicamente los cometidos en perjuicio del patrimonio de las personas han ido en aumento, “por lo que los niveles de inseguridad han sido difíciles para los ciudadanos, el temor de los miembros de la sociedad han sido externados (…) lo que trae consigo para los ciudadanos el temor para enfrentar a aquella persona que sin derecho y sin consentimiento se introduce a su domicilio, negocio o algún lugar poniendo en riesgo la integridad y seguridad de las personas que ahí se encuentran”.

Veamos las estadísticas: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta octubre de este año se habían denunciado mil 547 robos a casa habitación, únicamente 62 fueron con violencia, mientras que se abrieron 709 denuncias por robo a negocio, 141 fueron presuntamente con violencia.

En 2018, en el mismo periodo, se habían denunciado 23 robos a casa habitación menos y siete con violencia menos, comparado con este año. Mientras que expedientes abiertos por robo a negocio se habían presentado 417 denuncias más hace un año y 162 más con violencia.

Es decir, los robos a casa habitación muestran un ligero aumento y los de robo a negocio un pronunciado descenso.

¿Hay coherencia en los motivos de la iniciativa y las estadísticas?

Analicemos otro punto. En dos momentos hace referencia el diputado al “temor” de la gente como pretexto, justificación o argumento. Las frases “el temor de los miembros de la sociedad han sido externados”, “el temor para enfrentar”, me hicieron recordar el documental de Michael Moore, “Masacre en Columbine” (Bowling for Columbine), y cómo expone el miedo como arma de dominación en la sociedad estadounidense, lo que deriva en que la gente busque protegerse, armarse, estar a la defensiva, y se desencadenen manifestaciones sociales, específicamente la violencia.

La conclusión del gran documental es que el pueblo vive con miedo: miedo a los negros, a los latinos, a los musulmanes, a las enfermedades, miedo de temerse a sí mismos y por consecuencia muchos ciudadanos se acogen a la Segunda Enmienda de la Constitución de aquel País, donde se protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas.

Ya lo alertó el director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, Marco Zamarripa, sobre que la nueva reforma podría fomentar que exista una compra legal de armas con ese interés de protegerse, lo que consideró puede generar más violencia.

AL TIRO

El mismo José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno, declaró (VANGUARDIA 12 de diciembre) que la modificación a la ley obedece “a un entorno de situaciones adversas de seguridad”. El estado declinando su responsabilidad.

¿Es válido transferir la salvaguarda de seguridad a los propios ciudadanos? Me parece que reconocer eso representa el fracaso del estado –cualquiera– a garantizar la seguridad de su gente.

Recordé también el caso de don Alejo Garza, el empresario y cazador mexicano que sostuvo un enfrentamiento a tiros contra un grupo del crimen organizado que le exigía entregar su rancho en Tamaulipas. Don Alejo no encontró la garantía de seguridad ni el estado de derecho y tuvo que tomar las armas por cuenta propia. Don Alejo, heroicamente, hirió a dos y abatió a cuatro delincuentes. Al final fue asesinado. O el caso reciente de Ramón, un señor de Acultzingo, Veracruz, que privó de la vida a una persona que presuntamente intentaba secuestrar a su hijo.

Hay nueve años de diferencia entre uno y otro caso. En ambos hubo una ausencia de estado de derecho y una ausencia de la garantía de seguridad. Es reflejo, pues, de que la creación de reformas como la legítima defensa, únicamente sirve para ocultar la falta de capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la gente.