CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Antonio Fernández, investigador e impulsor ciudadano de la Ley 3de3 aseguró que mientras se busca obligar a particulares para que hagan pública su declaración patrimonial, los legisladores dejaron un amplio margen de limitaciones para hacer públicas las suyas.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia aseguró que los ciudadanos que se encuentran involucrados en el análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, habían planteado desde el principio que existiera una sanción mayor para todo aquel particular que estuviera involucrado en corrupción que involucre el mal manejo del dinero público, por lo cual esa, ya era una situación resuelta. 

"Es necesario dimensionar los alcances del artículo 32, eso va a afectar a la sociedad. Mientras tanto, la limitante para que la clase política pueda hacer las declaraciones patrimoniales públicas, son muy amplias”, expuso.

En ese sentido, refirió que no se encuentran de acuerdo con los planteamientos hechos en el artículo 29 y el 32 de la Ley, siendo este último el que mayor preocupa a la ciudadanía debido a que “fue una ocurrencia”.

Aseguró que su último movimiento legislativo pudo opacar los avances que se habían tenido en la legislación para el combate a la corrupción.

"Me preocupa que lamentablemente, pese a que hay un montones cosas que son rescatables sobre la legislación para el combate de la corrupción. Lamentablemente continúa la resistencia a la transparencia”, señaló.