Uno de los rasgos distintivos de los cuerpos colegiados de elección popular en nuestro Estado —ayuntamientos y Congreso— es el significativo crecimiento que tuvo la presencia femenina respecto de la generación anterior de representantes, merced a los cambios introducidos en la ley y a las sentencias de los tribunales electorales.

En los 38 ayuntamientos de Coahuila, como se sabe, la mitad de todos los asientos son ocupados hoy por representantes del género femenino y en el Poder Legislativo las mujeres son superadas en número solamente por la mínima diferencia.

¿Qué implica una mayor presencia femenina en los cuerpos colegiados que se encargan, por un lado, de tomar las decisiones relativas al rumbo de nuestros municipios y, por el otro, de mantener al día la legislación local?

Se ha dicho en otras ocasiones: para que el dato relativo al mayor número de mujeres en estos órganos públicos no se quede en lo anecdótico es imprescindible que las decisiones tomadas en ellos comiencen a reflejar cambios cualitativos que las diferencien claramente de la época en la cual las decisiones las tomaron casi en exclusiva los varones.

En esta edición publicamos un reporte periodístico que aporta un dato interesante para el análisis: la producción legislativa de las mujeres que hoy integran el Congreso del Estado ya supera en 800%  la que lograron sus homólogas de la Legislatura anterior durante sus tres años de gestión.

En números absolutos la distancia se aprecia mucho mejor: el sector femenino de la Legislatura pasada produjo 12 proyectos de creación, modificación o adición a leyes locales; las actuales llevan 105 en sus primeros 11 meses de trabajo. La diferencia es, sin lugar a dudas, notable.

Sin embargo, habrá que insistir en la necesidad de no quedarse en la anécdota y el hecho de ver solamente el lado aritmético del asunto implicaría justamente eso. Para evitarlo, es necesario visualizar los aspectos cualitativos de esta auténtica “explosión” en la productividad legislativa del ala femenina de nuestro Congreso.

¿Qué diferencias cualitativas —en términos de mayor respeto a los derechos de los ciudadanos o establecimiento de auténticas garantías para el ejercicio de aquellos— tienen las iniciativas femeninas frente a las masculinas? ¿Cómo transforma la relación entre gobernantes y gobernados la influencia de las mujeres en la modificación de nuestra legislación? ¿Se combaten mejor los rezagos sociales y los vicios gubernamentales gracias a las normas impulsadas desde el sector “rosa” del Congreso?

Porque solamente si las respuestas a los cuestionamientos anteriores dibujan una modificación cualitativa en la forma de ejercer el poder habremos obtenido un beneficio real de esta nueva geografía legislativa. De otra suerte, la ingente producción legislativa femenina será sólo eso: un número que sirve para el anecdotario, pero nada más.