Tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se establecieron los criterios que permiten a cualquier persona reclamar el derecho a utilizar la mariguana con fines recreativos, parece lógico que el debate subsecuente esté centrado en definir la forma en la cual tales criterios pasarían a formar parte de la legislación ordinaria.

Y es que, si bien el amparo concedido sólo protege los derechos de las cuatro personas que lo promovieron, la relevancia de la sentencia estriba en el hecho de que se ha fijado ya una posición en torno al tema por parte del más alto tribunal del País.

No es de extrañar, por ello, que ayer mismo un primer grupo parlamentario -el del PRD en el Senado de la República- se adelantara a presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud mediante la cual se buscaría establecer un catálogo de usos legales de la mariguana, fundamentalmente con fines terapéuticos.

Y es que tras el fallo de la Suprema Corte parece lógico suponer que el punto a discutir ahora no es si se va a legalizar o no la mariguana, sino cuánto tiempo falta para que ello ocurra.

En este proceso, como bien lo advirtió uno de los Ministros que participó en la discusión del miércoles pasado, bien valdrá la pena que no sea por la vía de las sentencias como termine legislándose en la materia, sino a través de una discusión provocada y conducida desde el Poder Legislativo.

El cambio de paradigma que implica concebir las actividades relacionadas con la producción, transportación y consumo de esta droga como actos protegidos por la ley, demanda necesariamente la apertura de un debate que ponga con toda claridad sobre la mesa los pros y contras de la medida, además de evidenciar todos los cambios normativos necesarios para que una regla como esta aterrice adecuadamente en nuestra sociedad.

Poco importa ya si personalmente estamos o no en contra del consumo de la mariguana o si creemos en sus propiedades medicinales. Todo hace indicar que, tal como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, pronto estaremos en la presencia de reglas que permitan su consumo legalmente.

Lo peor que podría pasar en este proceso es que las instituciones del Estado Mexicano ignoraran tal realidad y que el cambio de paradigma jurídico las tomara desprevenidas. Existe suficiente experiencia en otros lugares del mundo en este tema como para que en México se haga el esfuerzo necesario para recrear una discusión seria y profesional sobre el tema.

Si tal proceso se hace bien, la previsible generación de normas que regulen el consumo de la mariguana podrá traer consigo, más allá del regocijo de quienes ya la consumen en la ilegalidad, múltiples beneficios para quienes no la consumen ni están interesados en hacerlo pero que, como los cuatro promotores del amparo resuelto el miércoles anterior, creen que mantener esta droga en la ilegalidad representa hoy más perjuicios que beneficios.