Una de las intenciones quizá más plausibles del gobierno federal -subastar los bienes decomisados a la delincuencia y destinar lo obtenido a obra social en beneficio del país- ha quedado en entredicho con la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP. Y es que los motivos expuestos por el abogado, exdiputado petista y exconsejero electoral para irse apenas tres meses después de recibir el cargo, son otro botón de muestra de que en los entresijos de la cuarta transformación lo que reina es la ineficacia, el desorden y, contrario a lo que tanto se pregona desde el púlpito presidencial, la deshonestidad. Ya la lista de funcionarios que han saltado desde el avión de la 4T por anomalías o discrepancias con el presidente Andrés Manuel López Obrador se está volviendo larga: Carlos Urzúa, Germán Martínez, Víctor Toledo, Javier Jiménez Espriú, por mencionar algunos.

Vayamos por partes. En un país arrasado por la violencia y la corrupción, con niveles de impunidad del 98 por ciento y una profunda desigualdad social que tiene a millones de personas sumidas en la pobreza, ¿a quién no le parecería encomiable que el gobierno dispusiera de los millonarios activos decomisados a la delincuencia organizada y los convirtiera en apoyos a sectores desfavorecidos, obras de conectividad, infraestructura escolar y hospitalaria y programas de fomento a la cultura? suena ideal, el solo planteamiento de transformar bienes mal habidos en acciones virtuosas ya está impregnado de un profundo espíritu de justicia, hasta parece que se escucha el crujir de los cimientos de un pasado despreciable que no dejó más que infortunios. Pero la expectativa de un glorioso porvenir se desvanece ante este, que ha sido un gobierno de diagnósticos certeros pero muy erráticas acciones.

Dentro del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, también se roba. Al menos así lo señaló Cárdenas Gracia en su renuncia: “encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas: procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y no al INDEP y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”, dice un fragmento de la carta.

Además, a decir del abogado, los sistemas informáticos y tecnológicos del INDEP se manipulaban “a favor de unas cuantas personas” y los “ingentes recursos” que tenía el Instituto no podían ejercerse porque “se desconoce la causahabiencia de los bienes y procedimientos que los originaron”, es decir: no podía demostrarse su origen lícito. Por todo esto, expresó Jaime Cárdenas: “hemos presentado denuncias administrativas al Órgano Interno de Control. Por la manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”.

El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado es una reinvención del Instituto de Administración de Bienes y Activos, anteriormente Sistema de Adquisición y Enajenación de Bienes. El cambio de nombre obedeció simplemente a la necesidad de conectar emotivamente con la gente a través de la retórica populista del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no tendría nada de malo si no fuera porque en el terreno pragmático, la ineficacia del INDEP, y ahora la serie de anomalías señaladas en su operación, dejan a la justicia flotando como una vacua entelequia.

¿Y cuáles han sido hasta ahora los resultados del INDEP? según la información oficial, de las subastas en las que se han ofrecido centenares de lotes de joyas, vehículos, inmuebles y artículos diversos asegurados de la delincuencia, se han obtenido por lo menos 292 millones de pesos. ¿Y en dónde han parado? 30 millones han sido para la edición de libros a través del Fondo de Cultura Económica; otros 30 millones para la construcción de una carretera en Atarjea, Guanajuato; otros 30 para cambiar el sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes; 16.2 millones para comprarles instrumentos musicales a bandas de niños en Oaxaca; 179.8 millones a la construcción de clínicas del Insabi; 145 millones a la construcción de una carretera en Bavispe, Sonora y otros 113 millones para otras carreteras en el resto del país. Ah, pero eso sí, a la rifa del avión le destinaron poco más de 2 mil millones de pesos. 

Y como la rifa, en el imaginario del presidente López Obrador, resultó un éxito rotundo, la intención en 2021 es organizar más rifas, esta vez con aviones, yates y ranchos asegurados justamente por el INDEP, ahora dirigido tras la renuncia de Cárdenas por quien hasta ahora era el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, aquel que con acuosa emotividad en la mirada abrió la ceremonia de la rifa. En el mundo del Presidente todo cuadra, a él le bastan sólo las buenas intenciones. Y sobre las atrocidades en el INDEP, posiblemente tampoco diga ni pío.

MANUEL SERRATO
PRÓXIMA ESTACIÓN