Por Nayeli Roldán y Francisco Sandoval/@nayaroldan y Mrterremoto para Animal Político

A dos días de ser supuestamente capturado por sujetos armados en Puebla, no se conoce el paradero de Juan Carlos Lastiri Quiros, exfuncionario de Sedesol y Sedatu, vinculado con La Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República desmintió que haya ejecutado alguna orden de aprehensión y el Poder Judicial Federal no tiene notificación sobre el inicio de un proceso penal en su contra.

En tanto, la familia no ha tenido algún aviso de la autoridad federal o local, o comunicación para pedir rescate si es que hubiese sido secuestrado, como se especuló en un principio.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fue el único en confirmar la detención judicial el miércoles 30 de noviembre. Según el mandatario, solo faltaba saber el delito que se le imputaba, aunque “todos suponen que es por los asuntos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales que se tienen en Sedatu, es lo que se especula”, dijo en breve entrevista con medios locales.

Sin embargo, Animal Político se comunicó con su equipo para conocer la fuente de su dicho y respondió que la información que se tenía hasta ese momento era que Lastiri había sido detenido por la FGR, de allí que el gobernador Barbosa lo reconociera, pero “eso es lo único que podemos decir”, dijo la fuente consultada.

El 30 de octubre por la mañana, circuló información sobre un supuesto secuestro realizado por hombres armados en Zacatlán, cuando Lastiri estaba corriendo por la mañana. Después la versión cambió a que había sido aprehendido por la FGR e ingresado al Reclusorio Oriente.

Esto, por su presunta participación en La Estafa Maestra cuando fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Urbano, durante las administraciones de Rosario Robles. Se trata del esquema en el que dependencias de gobierno realizaron convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero estas subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma y el dinero desapareció.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 31 de octubre que sus agentes “no ejecutaron ninguna orden de aprehensión” contra Juan Carlos Lastiri. En tanto, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó por separado que, entre el miércoles y el jueves, ninguna persona con el nombre de Juan Carlos Lastiri había ingresado a las penales locales bajo su jurisdicción en la capital del país.

Si hubiese sido aprehendido, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, debió ser puesto ante un juez para la audiencia de control, quien calificaría si la detención fue legal.

Pero hasta este jueves, no había solicitud alguna para realizar la audiencia de control en algún proceso en contra de Lastiri Quirós, y tampoco existe una orden de aprehensión girada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, como se había especulado también, según confirmaron fuentes del Consejo de la Judicatura Federal.

Animal Político habló con un familiar de Lastiri quien confirmó que hasta este jueves, la familia no había recibido alguna comunicación para pagar rescate por secuestro, pero tampoco notificación de la autoridad sobre un proceso penal. Es decir, solo perdieron comunicación con él este miércoles y no saben nada más; declinó abundar en el tema.

También se preguntó a la Fiscalía de Puebla si tenían alguna denuncia por secuestro o por desaparición de Lastiri, pero el área de comunicación aseguró que le pidieron cautela en el caso y no podía dar ningún tipo de información sin autorización.

Juan Carlos Lastiri fue subsecretario de Prospectiva, planeación y evaluación en la Sedesol cuando firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013 por 335 millones de pesos para supuestos servicios, uno de los montos más altos en este tipo de acuerdos.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación revisó dicho convenio en la auditoría número 246 y, por las irregularidades detectadas y la presunción de un posible delito, interpuso una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2015.

El supuesto servicio fue la “recolección de información de manera simultánea en las 32 entidades federativas la información socioeconómica y complementaria de la población objetivo del programa para el desarrollo de zonas prioritarias y de esta forma determinar la volumetría y presupuesto que se requiere para ejecutar en cada estado las obras y acciones establecidas como metas para el programa y poder celebrar los acuerdos de ejecución con los gobiernos locales, así como los procesos de contratación corrrespondiente para asegurar el oportuno cumplimiento de metas”.

Luego fue subsecretario de Desarrollo y Vivienda en la Sedatu, pero en enero de 2018 dejó el cargo para ser candidato a senador por Puebla por el PRI, pero perdió la elección.