Con un deterioro no conocido desde que existen estadísticas públicas, la seguridad pública en el país parece agravarse según se acerca el final de la administración Peña Nieto. El baño de sangre se ha vuelto a desatar en plazas donde parecía estar bajo control, como Ciudad Juárez, en Chihuahua. Otras que presumían de estabilidad como la Ciudad de México, son escenario cotidiano de ejecuciones, descabezados y narcomantas. El crimen organizado nos desborda, sea porque la autoridad no puede, sea porque así quiere que esté.

 

Se prevé que tal será el (des)orden de cosas dominante cuando dentro de cuatro meses asuma el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, e inicie labores su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

 

Durante la campaña del político tabasqueño se dijo que una vez declarado presidente electo constituiría un gabinete especial para temas de seguridad. No es mucho lo que hemos escuchado hablar del tema. Pero la realidad no tiene remedio ni se detiene ante indecisiones.

 

Los siguientes figuran entre los más grandes desafíos que aguardan a Alfonso Durazo desde ahora. La corrupción en el sector le representarán una muralla difícil de salvar o tentaciones casi irresistibles, pues el presupuesto oficial destinado a este ámbito ha sido ejercido bajo total opacidad con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Pero eso no es lo peor que ha ocurrido, mire usted:

 

1.- Durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, su oficialía mayor concentró todas las adquisiciones del área de seguridad. Las determinaciones recayeron en el oficial mayor, Jorge Márquez, el principal operador del político hidalguense recién designado coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Márquez incrustó en la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de Renato Sales, a una incondicional, Frida Martínez, que con el cargo de secretaria general de la CNS, cerraba la pinza. Ella fue cesada por el relevo de Osorio, Alfonso Navarrete Prida, en cuanto comenzó a despachar en Bucareli. ¿Durazo manejará su propio presupuesto? ¿Con qué grado de transparencia?

 

2.- El gasto anual de la Policía Federal ronda los 25 mil millones de pesos. El de los penales federales, 14 mil millones anuales más, a los que se suman adeudos eternos con los llamados penales concesionados, estimados en otros 7 mil millones de pesos, de acuerdo con datos aportados a este espacio. Estos penales, construidos por empresarios favoritos del régimen, cobran una cuota fija, sea que alberguen a un solo o reo o que operen al máximo de su capacidad. En la bolsa del sector hay que agregar ahora cerca de 24 mil millones de pesos que le cuesta al país el Cisen, radicado actualmente en Gobernación, pero que Durazo mudará a Seguridad Pública, bajo su mando, para formar una Agencia Central de Inteligencia que incluya las áreas correspondientes de la Defensa, de Marina y otras entidades sensibles. ¿Qué modalidad de control social, gubernamental o parlamentario deberá tener semejante concentración de poder económico, político y estratégico en manos de una sola institución y una sola persona?

 

3.- El volumen de los recursos asignados a las áreas de seguridad pública en el país y la discrecionalidad con que han sido ejercidos parecen haber traído desde hace años, incluso antes del presente sexenio, a generaciones de funcionarios multimillonarios que por añadidura, se aliaron con empresarios en el lado oscuro de los negocios: mercaderes de armas, equipos y tecnologías en un campo plagado de intermediarios y charlatanes, que pagan, se asegura, altísimos moches a cambio de obtener contratos.

 

4.- Con el arranque del actual sexenio se anunció la creación de la Gendarmería, que distrajo 5 mil agentes federales recién egresados de la Academia. El número de policías federales fue congelado, mientras el de la Policía Militar crecía en 30 mil elementos. Alfonso Durazo anunció ya que habrá una "Guardia Nacional". ¿Estrategia o nueva ocurrencia?

 

5.- Durazo mismo informó igualmente sobre un creciente número de asesores entre los que destaca Alejandro Gertz Manero, primer titular de la entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública, bajo la administración de Vicente Fox (2000-2006), lapso en el que el gobierno fue acusado de soslayar el crecimiento de las bandas del crimen organizado. ¿Operadores del pasado pueden ser incorporados al nuevo carro sin una revisión autocrítica de ese pasado?

 

En medio de un recrudecimiento de la violencia en el país, Alfonso Durazo no tendrá mucho espacio para las reflexiones o las teorías. A partir de este miércoles en que Andrés Manuel López Obrador será designado presidente electo, el país esperará un mayor sentido de urgencia en el equipo de transición que permita abrigar certezas de que las cosas en verdad mejorarán.

 

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