Las recurrentes declaraciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, los gobernadores del noreste y otras entidades del país, sobre la redistribución del presupuesto federal y un nuevo pacto fiscal en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, que demandan una reasignación equitativa que la federación otorgue un presupuesto proporcional a lo que aportan al producto interno bruto del país. Recientemente el administrador general del estado Javier Díaz, en conjunto con algunos académicos de Coahuila en materia económica, se han posicionado en el tema y dado validez a las mismas. Hay varios puntos a exponer sobre la percepción de los personajes antes mencionados:

Coahuila contribuyó al PIB nacional 3.5% en 2019, según datos del INEGI, los partidarios de la redistribución del presupuesto federal, buscan recibir proporcionalmente lo que aportan. Sin embargo, no visualizan que el PIB no es un instrumento de recaudación fiscal, menos un parámetro de asignación de presupuesto. El producto interno bruto se define como la medición de la producción total de un país, una región, un estado o un municipio, que se expresa en términos monetarios en un tiempo determinado; y la recaudación fiscal, como la percepción tributaria (cobro de impuestos),  siendo así, el margen de maniobra que tiene un estado o un país para ejercer tantas aportaciones (presupuesto asignado a los estados) como participaciones (presupuesto etiquetado a los estados), más pago de capital e interés a deuda, entre otros. En suma, la recaudación fiscal determina el presupuesto federal.

Un estudio reciente del Consejo Cívico de las Instituciones A.C. (CCI Laguna) mostró que la recaudación fiscal de la federación por Coahuila en 2019 es de 44 mil 359. 8 millones de pesos, es decir, 1.3% de la recaudación total de la federación en los estados donde se percibió el impuesto federal. Recibió de participaciones 2.2%, -casi el doble de lo que recauda de impuestos federales- (presupuesto que la federación otorga, estipulado en la ley de ingresos y egresos para ejercerlo de la mejor manera); recibió de aportaciones 2.2% (presupuesto etiquetado por la federación mediante programas sociales y obras públicas) y 2.6% de convenio y trasferencias.

El estudio también menciona que Coahuila, ocupa el 6to lugar en recaudación propia, sin embargo, la mayor percepción es mediante a gravámenes impositivos como el impuesto sobre nómina, con más carga fiscal a la clase trabajadora; y la recaudación de control vehicular, “es para tener información vigente y actualizada del padrón de vehículos que está en crecimiento en el estado, emitiendo una tarjeta de circulación vigente año con año”. Es contrario al impuesto de la tenencia vehicular -en Coahuila fue eliminado en el sexenio pasado- que era un impuesto progresivo al valor de la factura y el modelo, es decir, se gravaba un cobro mayor a un automóvil recién salido de agencia que uno más antiguo que lleva años circulando.

Supongamos que seguimos la lógica que proponen el Gobierno Estatal, donde la contribución del estado al PIB nacional sea la designación del presupuesto fiscal, entonces, el estado de Veracruz recibiría mayor presupuesto que Coahuila, porque Veracruz aporta al PIB de México 4.6% (datos del INEGI) o la Ciudad de México que representa el 17.1% del producto interno bruto del país. La ciudad de México aporta un billón 394 mil 618.3 millones de pesos, es decir, 43.3% de la recaudación tributaria total de la federación (31 veces mayor que la aportación de Coahuila), recibiendo una participación de 13.7% y de aportaciones de 10.6%, mientras que Veracruz aporta 237 mil 607 millones de pesos 7.4% (5.3 veces más que el estado de Coahuila), mientras que recibe 6% participaciones y 7.6%, de aportaciones.  lo anterior demuestra que si asumimos la narrativa del gobierno de Coahuila, la reasignación presupuestal la Ciudad de México y Veracruz obtendrían mayor presupuesto federal, sin embargo, la naturaleza de asignación de la distribución presupuestal a los estados es acorde a las circunstancias de marginación y acceso las necesidades básicas, por ejemplo, las entidades federativas donde tenga altos grados de pobreza y desigualdad entre los deciles poblacionales, en teoría recibirán mayor presupuesto. El objetivo de la distribución y del pacto fiscal es mejorar la calidad de vida de la población del país. Desnudando su interpelación técnica en una exigencia política de oposición al actual gobierno federal.

No obstante, el debate del pacto fiscal es interesante y necesario, ya que desde su creación (1978) los escenarios políticos, sociales y económicos han cambiado. En efecto, es necesario modificar el pacto fiscal, pero implementado una política fiscal de carácter progresiva, donde “el que gane más aporte más” -un ejemplo podría ser que el ISR se cobre escalonado, a raíz que se incrementen las ganancias de la cualquier empresa tenido pisos y techos fiscales-.

Por otra parte, es imperioso que los estados tengan mayor recaudación local, dejando de condonar impuestos por fines electorales y políticos, desmontando el argumento que es en contra de las clases bajas y medias se verían más afectadas, sin embargo, bajo la premisa de que “quien gane más aporte más” y que quien deba pague, el aumento tributario, se obtendría mayor capacidad recaudatoria, y, proporcionalmente, mayor margen presupuestal, y optar por el no endeudamiento público.

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