Este rubro del presupuesto federal es casi imperceptible ante los ojos de cualquier amenaza de auditoría o revisión; de ahí su importancia dentro de su “insignificancia” hacendaria.

La caja chica presidencial, invento de los años 40 de la pasada centuria, se constituía por el derivado o ahorro que era utilizado para diversos fines, no legales ni mucho menos transparentes, que aliviaban una parte de la presión ejercida por ciertos grupos de poder para el embute y el chayote.

De esa manera, las juntas de mejoras materiales desde la época de Alemán hasta Diaz Ordaz sirvieron para tal fin, se cambiaron por Fideicomisos con Echeverría, luego por Banrural con López Portillo, hasta llegar a su nueva denominación Ramo 23, Provisiones salariales y económicas.

En palabras contables, en el presupuesto de cada año se incluye un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno federal, conocido como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23.

Un ejemplo, en 2017, la Cámara de Diputados aprobó 35 mil 805.19 millones de pesos que llegaron a las entidades federativas y municipios firmando un convenio.

Durante el Siglo 20 en nuestro país, en la medida en que el poder político controlaba el desarrollo económico, el segundo era afectado y, por ende, las crisis resurgían.

El modelo estabilizador de Ruiz Cortines, seguido por López Mateos y Diaz Ordaz, incluía que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, aparte de estar perfectamente coordinados, tuvieran, si no una autonomía, al menos libertad de acción; el  resultado fue  estabilidad economica.

A partir de Echeverría, el manejo de las finanzas del País se hizo desde los Pinos, y nuestras crisis económicas recurrentes nos enseñaron que la estrategia económica y la política no deben mezclarse.

Con la lección aprendida, Zedillo dotó de mejores leyes en materia de presupuesto y de autonomía al banco central, lográndose solucionar la presión de los “mercados”.

Pero ¿qué hacer ahora para que surgiera la caja chica?, esa tan necesaria para aceitar elecciones.
Como mencionaba, la tarea fue encontrar los espacios no blindados para utilizar los instrumentos a la mano y favorecer a los fines políticos. Esto se descubrió en el Ramo 23.

Es un cajón de gasto que en concepto, de ahí su nombre, llega para atender contingencias y necesidades misceláneas. Está en su esencia encontrar los márgenes de flexibilidad que permitan activar la disposición y asignación de recursos para atender imprevistos, emergencias o choques de distinta naturaleza. Entonces, la característica más importante de esta partida es “la flexibilidad y discrecionalidad”. Aparte es una mina no sólo para el poder Ejecutivo, sino para los legisladores que llevan mano en la asignación de recursos.

Según datos de México Evalúa: “Algunos programas del Ramo 23 registraron adecuaciones ‘extravagantes’. 

Tres en particular: Programas regionales, Contingencias económicas y Fortalecimiento financiero. En el periodo que va de 2013 a 2017, el Congreso aprobó recursos para estos programas por un monto de 22 mil millones de pesos, pero el Ejecutivo les asignó 318 mil millones (14 veces más de lo aprobado). Este monto equivale al 30 por ciento del aumento en los ingresos tributarios entre 2014 y 2017. Aparte, que hay una tendencia a utilizar los recursos del Ramo 23 como premio o castigo político según afinidad con ciertos Gobiernos locales y en periodos pre y electorales”.

Para 2018 la asignación de recursos por persona a las entidades lleva jiribilla: Campeche mil 288 pesos, Guerrero 537, Jalisco 101, Guanajuato 88, Nuevo Leon 39, Coahuila 36 y Chihuahua 16 pesos.

Sin embargo, la sorpresa la lleva el Gobierno federal, ya que aún tiene en la otra manga los recursos excedentes de petróleo, que distribuye según conciencia o conveniencia. En tiempos electorales, las arcas siempre deben estar sonando, es la paradoja.