El Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2018, entregado al Congreso por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en diciembre pasado, incluye varios “Estudios Especiales”. Entre éstos hay uno muy interesante relativo a la operabilidad y viabilidad financiera de los sistemas de pensiones, tanto del magisterio estatal como de los demás trabajadores al servicio del gobierno del estado. En este artículo me referiré sólo al de los maestros.

El estudio de la ASE comprende el periodo que va de 2014 a 2018, aunque sobre algunos aspectos extiende su análisis hasta el tercer trimestre de 2019.

Pues bien, el organismo que administra las pensiones de los maestros se denomina Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), es controlado por la dirigencia sindical de la Sección 38 del SNTE y se rige por la “Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila”. El organismo maneja también las pensiones de los trabajadores de las Universidades Autónomas de Coahuila (UAdeC) y Agraria Antonio Narro (UAAAN), así como del personal al servicio de la propia sección 38.

Hacia finales del año 2018, un total de 9 mil 702 personas cobraban pensión en la Dipetre. La mayor parte, alrededor del 73 por ciento, de la Sección 38. En los años que comprende el estudio, los ingresos siempre fueron inferiores al gasto en pensiones, determinándose en consecuencia un déficit pensionario como sigue: en 2014 por 411 millones de pesos, en 2015 por 479 millones, en 2016 por 714 millones, en 2017 por mil 037 millones y en 2018 por 948 millones de pesos.

Adicionalmente, de acuerdo a las proyecciones realizadas, se esperaba que 2019 cerrara con un déficit pensionario del orden de mil 119 millones de pesos y que en el actual 2020 sea de mil 309 millones pesos, en 2021 de mil 517 millones y en 2022 de mil 747 millones de pesos. Es decir, dentro de dos años este monto será alrededor de la mitad de lo que hoy se paga por el servicio de la deuda pública estatal, cuyo principal destino –según se sabe– no se conoce.

A partir de las cifras anteriores, la ASE da cuenta en su estudio que “a pesar de los esfuerzos por fortalecer la viabilidad financiera de la Dipetre, el más reciente estudio actuarial señala que este sistema, tanto en la cuenta institucional de la sección 38 del SNTE como en las cuentas de la UAdeC y de la UAAAN, está descapitalizado, es decir, que no cuenta con un plazo suficiente al carecer de reservas pensionarias para el caso de la Sección 38 y con reservas insuficientes o agotadas al cierre de 2018 para el caso de las universidades, requiriendo una aportación extraordinaria establecida en el artículo 51 de la ley para poder financiar el pago de pensiones…” (Informe de Resultados 2018 de la ASE, tomo 2E, p. 206).

¿Qué dice el artículo 51 de la ley, cuyo título ya se mencionó al principio? Dispone que “en caso de que los recursos del fondo global de la Dirección de Pensiones no bastaren para cubrir los beneficios que esta ley establece, el déficit, cualquiera que sea su monto, será cubierto por las entidades u organismos donde presten o prestaron sus servicios los trabajadores…”. En otras palabras, correrán con cargo al presupuesto, o sea, finalmente a cargo del gobierno estatal.

Así en los últimos tres años se aportaron en forma extraordinaria mil 006 millones de pesos en 2016, en 2017 fueron mil 017 millones y en 2018 su monto alcanzó mil 400 millones de pesos. Estas cifras difieren de los ya mencionados déficits pensionarios, en razón de que la Dipetre atiende no sólo el pago de pensiones sino también otros beneficios para los trabajadores.

Ahora, debe decirse que estas aportaciones extraordinarias del gobierno del estado no son gratuitas, pues en contrapartida el gobierno ha omitido hacer llegar a la Dipetre las cuotas y aportaciones que le debió entregar en los últimos años, de manera tal que a fines de 2018 le adeudaba nada menos que 2 mil 190 millones de pesos y la UAdeC, también a la Dipetre, otros 404 millones de pesos. Todo un batidillo.

Como dato curioso, en 2018 la pensión promedio mensual por trabajador jubilado fue de 19 mil 044 pesos. Aunque hace notar la ASE que en “la Dipetre existen grupos de pensionados con ingresos mensuales brutos de entre 60 y 100 mil pesos mensuales, muy por arriba de la pensión promedio por trabajador retirado” (ob. cit., pág. 239). Vaya pues. Sería interesante saber a quiénes se pagan estas cantidades.