Cuando nos referimos a participación política, frecuentemente la relacionamos exclusivamente con la dinámica partidista y las luchas por el poder gubernamental. Sin embargo, vale la pena señalar nuevamente que “la política” es un concepto más amplio de participación y que engloba a todas las actividades orientadas a la toma de decisiones que afectan a un grupo en la sociedad. En ese sentido, entonces, no sólo se hace política desde los gobiernos, y definitivamente tampoco se reduce a una opción laboral. Las organizaciones de la sociedad civil también hacemos política, los movimientos sociales también construyen política, las empresas privadas también delimitan políticas institucionales, etc.

Las mujeres llevamos décadas luchando en este país por el reconocimiento de nuestros derechos políticos, como el de votar y ser votadas, el de organizarnos y ser escuchadas, en contra de un sistema históricamente controlado por varones y partidos diseñados para aprovechar la capacidad organizativa de las mujeres en las bases, pero limitar sistemáticamente el acceso de ellas a puestos de toma de decisión al interior y en la conformación de gobiernos.

En México no existe un marco normativo que regule la violencia política contra las mujeres; sin embargo, diversas instituciones en materia electoral y de atención a víctimas, se reunieron para trabajar desde el 2015 un Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. Otros mecanismos legales y triunfos en esta lucha por nuestros derechos han dado cuenta de avances significativos, por ejemplo, desde las reformas constitucionales de paridad.

Desde luego, el cambio de paradigma legal no implica cambios en la cultura de la sociedad inmediatamente. Paralelo a la lucha en los congresos locales y el federal, avanza también el movimiento de las mujeres feministas, que se manifiestan de maneras muy diversas cada 8 de marzo y trabajan desde sus espacios para erradicar las violencias que lastiman a nuestras comunidades de manera profunda, como los abusos sexuales, el acoso, las desapariciones y el feminicidio. Se trata de un trabajo que nos toca a todas y todos, en nuestras relaciones personales, pero también laborales y sociales en general.

Las manifestaciones del 8M se han intensificado en los últimos años, en gran medida porque precisamente ese trabajo ha recorrido cada vez más espacios y hemos logrado visibilizar el impacto del machismo en nuestras vidas diarias. Las expresiones de hartazgo ante la indiferencia de las autoridades, los ministerios públicos, las provocaciones al movimiento desde los puestos gubernamentales, etc. Se han tornado también más visibles por las pintas a monumentos y edificios históricos, las marchas multitudinarias en las que también caminan grupos de choque y se han generado intensos debates sobre las formas “correctas” de exigir derechos.

Independientemente de la opinión personal que tengamos sobre este movimiento y sus expresiones, los gobiernos sí tienen una obligación intrínseca de escuchar y atender las demandas del pueblo. Y en las formas en que han reaccionado los actores más mediáticos al movimiento feminista podemos también conocer sus formas de percibir la realidad del país, estados y municipios, y por lo tanto, su interés por resolver estas problemáticas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar a las mujeres desde sus conferencias mañaneras. Optó por descalificar a un movimiento legítimo que lo precede por muchos años, y del que en algún momento tuvo apoyo de algunas fracciones que le veían como una opción electoral progresista, que acompañaría sus luchas desde la presidencia. No ha sido así. El Presidente que tampoco ha sido capaz de ver de frente a las demás víctimas del país en el tema de desaparecidos y otras violaciones graves a los Derechos Humanos, colocó una valla para proteger al Palacio que habita, en lugar de una mesa de diálogo con las colectivas de mujeres.

El exalcalde Jorge Zermeño tampoco tuvo claro que el tema de las mujeres y nuestros derechos es un movimiento que no le enfrenta electoralmente a su partido, sino que demanda la construcción de acuerdos políticos con organizaciones sociales y todas las fracciones al interior del cabildo. En el 2020 trascendió una manifestación en la Plaza Mayor en la que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública detuvieron a siete jóvenes y fueron acusados por ellas de uso excesivo de la fuerza. El entonces alcalde descalificó a las afectadas como “exageradas”. Tras cada manifestación anterior y posterior a esa fecha, Zermeño fue omiso y displicente con las mujeres durante su administración.

En contraste, el alcalde interino Sergio Lara anunció el pasado martes 9 un saldo blanco tras las manifestaciones en Torreón. Explicó que su administración “ponderó que no hubiera lesionados ni alguna situación que pusiera en riesgo su integridad física”. Agregó que las pintas “son expresiones de impotencia por no ser atendidas debidamente”, que se pueden limpiar y ya.

¿Después de las declaraciones de Lara se convirtió Torreón en un oasis de paz para las mujeres? Evidentemente no, porque el éxito en la comunicación y la empatía de sus mensajes no se traduce inmediatamente en políticas públicas para eliminar las violencias por razón de género. Pero sin duda este tipo de reacciones abren la puerta para entablar diálogos e iniciar procesos de construcción de acuerdos entre ciudadanía organizada y el Gobierno para resolver juntos los problemas.

Las mujeres que participamos en PC29 hemos encontrado nuestra voz y, como dicen las jóvenes ahora, no estamos dispuestas a regalar nuestro silencio nunca más, para seguir permitiendo actos de corrupción en nuestros municipios y estados. Todas, desde nuestras trincheras, hemos construido una asociación donde nos reúne el objetivo de construir ciudadanía, independientemente de nuestras preferencias electorales.

Participación Ciudadana 29 Laguna

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