En septiembre pasado, el portal periodístico Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dieron a conocer el trabajo de investigación denominado “La Estafa Maestra”, según el cual 11 dependencias del Gobierno federal, ocho universidades públicas y 186 empresas privadas habrían participado en un proceso de desvío de recursos públicos que implicó un daño patrimonial de al menos 3 mil 400 millones de pesos  durante 2013 y 2014.

Las revelaciones de este caso no han terminado de ser investigadas y las implicaciones relativas distan de estar completamente precisadas. Por lo pronto, lo que el trabajo de investigación ha documentado –no sólo revelado– es la forma en la cual la corrupción sigue siendo en México una conducta generalizada e impune.

Toda proporción guardada, los reportes periodísticos que publicamos en esta edición podrían servir para documentar una “versión Coahuila” de “La Estafa Maestra”, con aristas adicionales al trabajo antes referido: el abuso de recursos destinados al “fortalecimiento de la democracia” y el engaño a personas vulnerables para defraudar al fisco.

De un lado, se encuentra el caso del Partido Joven, agrupación política que perdió su registro como partido estatal en el más reciente proceso electoral de la entidad y a la cual la Unidad Técnica de Fiscalización le ha documentado múltiples irregularidades en el uso de los recursos que el Instituto Electoral de Coahuila le entregó, irregularidades que habría cometido a través de una empresa inmobiliaria.

Del otro lado podrían encontrarse funcionarios públicos del Estado de Hidalgo, quienes, a través de empresas legalmente constituidas, habrían incorporado, sin su consentimiento, a decenas –probablemente cientos– de personas a esquemas que les permitieron cobrar millonarias devoluciones de impuestos al Sistema de Administración Tributaria.

El punto aquí, vale la pena recalcarlo, no es el descubrimiento del esquema de defraudación o la “complejidad” en la operación de los defraudadores. El punto aquí es la voluntad de las instituciones públicas para investigar, perseguir y castigar a los infractores.

En ambos casos existen empresas legalmente constituidas cuyos socios pueden ser localizados y en contra de quienes puede enderezarse denuncias que los lleven ante los tribunales. Pero para hacer eso es necesario, desde luego, tener la voluntad de combatir la corrupción.

En ambos casos es preciso conceder a los presuntos responsables el derecho a la presunción de inocencia, pero eso no debe servir para que las autoridades involucradas evadan la responsabilidad de denunciar, investigar y perseguir los presuntos delitos cometidos.

En el País entero ha concluido el proceso de formación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Si quienes se encuentran al frente de los tres órdenes de Gobierno desean que los ciudadanos tengan un mínimo de credibilidad respecto de éste, lo menos que pueden hacer es comprometerse con la investigación pulcra y exhaustiva de estos casos.