A diferencia de lo que ocurrirá el año próximo, 2021, que será de gran efervescencia política y escenario de la que ya se llama la madre de todas las batallas electorales, este calamitoso 2020, en notorio contraste, electoralmente es un año muy tranquilo. En 2021 habrán de celebrarse las elecciones federales de medio término para elegir 500 diputados, y en todos los estados se tendrá por lo menos un proceso electoral local, ya sea de gobernador o para renovar ayuntamientos o el Congreso estatal.

En 2020 sólo Coahuila e Hidalgo tienen programados procesos electorales. Aquí para renovar la Legislatura local y allá ayuntamientos. Nada más. A este tipo de elecciones se les suele llamar “huérfanas”. Porque van solas. Las de Coahuila además “huérfanas de padre y madre”, no sólo por ir solitarias, sino por ser además las que menos interesan al votante. En otras palabras, las que registran los mayores índices de abstención ciudadana.

Lo anterior está estadísticamente comprobado. En lo que va del siglo, cuando en Coahuila las elecciones para gobernador y diputados locales van juntas, el índice promedio de participación electoral es de 58.3 por ciento, y cuando van solas las de diputados el porcentaje baja a 39.7. Es decir, una diferencia de casi 20 puntos.

Pues bien, tanto el proceso electoral de Hidalgo (al que ya no haré referencia explícita, aunque el caso es interesante) como el de Coahuila, han sido suspendidos y luego vueltos a reanudar. Decisiones ambas tomadas por el Consejo general del INE, en el primer momento de manera sensata y razonable, pero no en el segundo. Esta última resolución combatible aun con sus propios argumentos.

Formalmente, como lo dispone el código de la materia, el proceso electoral arrancó el pasado 1 de enero. En los periódicos de ese día apareció perdida una nota por ahí, según la cual el gobierno chino informaba de un paciente portador de un virus desconocido. Nadie en el mundo imaginó, en esa fecha de año nuevo, que daba inicio una terrible historia para toda la humanidad, cuyo fin aún no está visible, aunque sí sus efectos de incalculable desastre.

Las elecciones estaban programadas, conforme a la Ley, para celebrarse el pasado domingo 7 de junio. No se iniciaba aún el registro de candidatos cuando el 1 de abril el INE resolvió, por unanimidad de los integrantes de su consejo general, suspender el proceso en la etapa en que se encontraba. La razón que se invocó fue la declaración oficial de emergencia sanitaria de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, a fin de evitar la propagación de éste y proteger así la salud de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos político- electorales.

A la fecha en que el INE tomó la decisión, que por cierto nadie cuestionó y menos aún combatió, se tenían confirmados en todo el país mil 215 casos de COVID-19 y 29 defunciones, de las cuales sólo una se había registrado en Coahuila. Al INE le pareció entonces, según se lee en el documento que contiene su resolución, que “en este contexto resulta evidente la imposibilidad de continuar con normalidad el desarrollo de las actividades de preparación de la elección” (pág. 32).

En esa Resolución, el punto segundo dispuso que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, “deberá establecer vínculos de comunicación permanente con las autoridades sanitarias, a fin de contar con los elementos necesarios… sobre las condiciones de salud en el país”, a efecto de fijar la nueva fecha en que deba celebrarse la elección de diputados locales de Coahuila.

En el punto noveno de su Resolución, el INE estableció: para “que la presente Resolución surta efectos legales” se deberá notificar, entre otras instancias, al Congreso de Coahuila, con el cual también se coordinará para la determinación de la nueva fecha de la jornada electoral, naturalmente “una vez restablecidas las condiciones de seguridad sanitaria y en atención a la información que proporcione la Secretaría de Salud y a las medidas que determine el Consejo de Salubridad General” (punto tercero de la Resolución).

En el Congreso del Estado se dio cuenta, en efecto, en su sesión del día 2 de abril, es decir, el siguiente al de la reunión del Consejo General del INE, de la notificación de la Resolución dictada por éste. Y jamás se volvió a recibir otra comunicación del INE sobre el asunto.

A pesar de lo anterior, el Consejo General del INE, el pasado 30 de julio en sesión extraordinaria y por votación de 10 a favor y uno en contra, de sus integrantes, decidió la reanudación del proceso electoral y que la votación para diputados locales se efectúe el próximo 18 de octubre.

A reserva de abundar en el próximo artículo sobre cómo en dicha última sesión se abordó el tema, ha de señalarse que para esa fecha en Coahuila el número de contagios andaba en 12 mil 749 y en 623 los decesos por COVID-19, frente a 78 y uno, respectivamente, cuando el INE, el 1 de abril, suspendió el proceso. Amén de que para nada tomó en cuenta al Congreso local (del que soy miembro) y mucho menos se “coordinó” con éste para fijar la nueva fecha de los comicios, como al propio INE le pareció al principio necesario, según su multicitada Resolución del 1 de abril.

Aclaración pertinente: lo comentado en éste y el siguiente artículo en modo alguno debe verse como parte de la campaña de desprestigio desatada contra el INE por el actual Gobierno Federal. Simplemente, desde mi apreciación, se trata de decisiones erróneas de un órgano del Estado mexicano, necesario y valioso, que no tiene sin embargo garantía de infalibilidad. Vale.