Inició la cuenta regresiva para la instalación de la Asamblea Constituyente que habrá de discutir, modificar y aprobar la próxima Constitución Política de la Ciudad de México entre el 15 de septiembre y el 31 de enero de 2017.
El mismo día de la instalación, los cien diputados constituyentes recibirán el proyecto de Constitución Política que elabore y remita el jefe de Gobierno. Hemos escuchado numerosos anuncios sobre grupos de trabajo y avances en la redacción de la propuesta por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, pero nada sobre su contenido.

Si bien son pocos los logros que la ciudadanía atribuye al Presidente de la República, es innegable el avance que representó el Pacto por México y las reformas que se trabajaron en esa mesa, entre ellas la Reforma Política del DF. Sin embargo, el Pacto por México nos hereda un modelo de Ciudad de México acordado en una mesa oscura, en la que principalmente PRI y PRD decidieron mantener un modelo centralista e ineficaz para la administración pública de una de las ciudades más grandes del mundo.

La segunda herencia que nos deja fue la negociación cupular de las grandes reformas. En el Senado casi no se consideró el aporte de la Comisión del Distrito Federal: la mesa de trabajo se instaló fuera de comisiones con funcionarios federales y locales, y el documento consensuado se llevó a la reunión formal de las comisiones unidas y, finalmente, fue aprobado.

Rumbo a la próxima instalación de la Asamblea Constituyente destacan al menos dos votaciones importantes: la aprobación del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. En ambos casos se requiere de la asistencia de un mínimo de 51 diputados, y la votación favorable de las dos terceras partes del total de los integrantes (67 votos aprobatorios).

Para contar con los dos tercios de la votación que se requieren para tomar decisiones en el Pleno de la Asamblea Constituyente no son suficientes los votos del PRI, el PRD y sus aliados, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso de la Unión, lo que les dio la oportunidad de imponer su modelo de Ciudad. Aunque haya diálogo y negociaciones entre el PRI y el gobierno de la Ciudad, no les alcanzarán los números en el Pleno.
Llama la atención este acercamiento entre el gobierno de la Ciudad y el PRI en un contexto de diálogo y llamados públicos a alianzas electorales entre el PAN y el PRD. Entre ambos, PRD y PAN, contarían apenas con 43 diputados, haciendo que las matemáticas no ayuden.

Por otro lado, si el jefe de Gobierno decidiera ampliar su círculo de posibles consensos involucrando al PAN (que hasta ahora ha demandado transparencia e información) y dejando a un lado a Morena, es muy probable que legitimara la narrativa antisistema que caracteriza a López Obrador. Ahora bien, en estricto sentido el reto no es dejar a Morena a un lado, lo difícil es que acepten ser incluidos.

Por más extraño que parezca, si Morena y el PAN (22 y 14 diputados respectivamente) llegaran a consensuar algunos temas, podrían contar con un gran poder de negociación. Hay una agenda común entre ambos basada en las continuas demandas por el fortalecimiento de las capacidades de las alcaldías, en las instituciones que combatan la corrupción, en la necesidad de mejores figuras de participación ciudadana, etcétera.
Los partidos enfrentarán desafíos, entre ellos, la cohesión entre los integrantes que propusieron, la decisión sobre la integración o no de grupos parlamentarios, la definición de planteamientos que permitan a los ciudadanos visualizar si realmente cada partido tiene una propuesta de Ciudad, entre muchos otros.

El reto más importante que vivirá la Asamblea Constituyente será enfrentar las tentaciones de recibir mandatos desde una mesa paralela con pocas personas negociando o convertirse en un verdadero cuerpo colegiado que logre consensuar una Constitución que convierta a la Ciudad de México no sólo en un espacio a la vanguardia en la enumeración de derechos, sino en una Ciudad con plena vigencia para el ejercicio de derechos y con un diseño institucional que responda a las necesidades de sus habitantes.