Tratar de explicar la corrupción es una tarea complicada para quien no está acostumbrado a trabajar este tema, entender la red de complicidades, tolerancias y omisiones, no es nada fácil.

Por este motivo, la complejidad es mayúscula al intentar explicar por qué nuestros Centros de Readaptación Social (Ceresos) no sólo son ineficaces, sino son el ambiente perfecto para que un delincuente pueda seguir extorsionando, secuestrando, robando, dirigiendo una banda de narcotráfico, de trata de personas u otra actividad criminal.

La semana pasada Ciro Gómez Leyva dio a conocer en su noticiario de Imagen Televisión una serie de videos grabados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en los que captaron el modus operandi de varios internos dedicados a la extorsión telefónica. Nada nuevo, nada que haya escandalizado a la sociedad, nada que haya llevado a la renuncia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o de alguna de las autoridades penitenciarias responsables.

¿Qué significa que alguien extorsione desde una cárcel? Que alguien permitió, por fallas estructurales o por complicidad, que un celular ingresase al centro penitenciario, que éste se haya podido entregar sin que nadie supervisara, que nadie supervisa las actividades de los internos, en un contexto donde los bloqueadores de señal, que por ley deben funcionar, simplemente no funcionan.

Los penales de nuestro país están lejos de castigar a culpables y/o rehabilitarlos para que puedan reincorporarse a la sociedad como un individuo productivo. En los penales de México, 40 por ciento de la población, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, son personas que han cometido delitos menores o personas que no han recibido una sentencia. Ineludible reflexionar sobre la calidad de la justicia en nuestro país, donde quien cuenta con recursos, la puede tranquilamente comprar y quien no, aun siendo inocente, será privado de sus derechos.

Muchos son los problemas del sistema penitenciario, doloroso el número de inocentes que purgan sentencias por delitos que no cometieron o aquellos que simplemente por años han esperado un juicio justo y que comparten espacio con quien una y otra vez decide que las leyes que nos deben gobernar a todos y el respeto a la vida de toda persona, no les incumbe.

Precisamente, en el otro extremo encontramos a los delincuentes que han agredido y siguen agrediendo a la sociedad, que compran seguridad y voluntades, que pueden usar celulares, entrar y salir de la cárcel o hacer salir a quien quieran.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente desde 2009, obliga al Estado a que los penales cuenten con bloqueadores de señal, que existan protocolos para que no ingresen teléfonos ni otros productos y sustancias prohibidas, ley, que como tantas otras, es letra muerta. 

Sobran ejemplos de penales que viven en el autogobierno, donde hay internos que viven como en hoteles de lujo a expensas de nuestros impuestos y del hacinamiento y sufrimiento de otros internos. Si en un penal hay delincuentes que pueden estar haciendo turnos y llamadas constantes de extorsión, amenazas, secuestros virtuales, es por la negligencia y complicidad de las autoridades penitenciarias, donde los policías se encuentran al final de la cadena. Policías penitenciarios mal pagados, mal equipados, mal tratados, mal capacitados, que pocas opciones tienen para resistir el dejarse corromper ante las amenazas de quien, evidentemente, es más poderoso.

¿Hasta cuándo nuestras autoridades tolerarán o serán cómplices de esta situación? Probablemente hasta que la sociedad lo tolere y permita. Así como el gasolinazo ha llevado a las calles a protestar, la seguridad de todos nos debe llevar a protestar en medios de comunicación, redes sociales y, sobre todo, en las urnas.

No debemos seguir tolerando que la autoridad admita que 50 por ciento (o cualquier porcentaje) de llamadas de extorsión provengan de los penales del país. Es inaceptable la incapacidad y el cinismo de quienes cobran sueldos provenientes de nuestros impuestos y se muestran incapaces de cumplir con su función y hacer respetar la ley.

Llevamos una década sumidos en una crisis de violencia –que es el reflejo de décadas de corrupción y desinterés de las autoridades que nos han gobernado– y no se ve el final de ésta. Es hora de que la simulación termine y que quien incumple con su función pague por el daño que le hace a toda la sociedad. Es hora de que los ciudadanos mostremos indignación y hagamos algo para pacificar nuestro país. 

@frarivasCoL