¿El que incita una sublevación contra la autoridad para impedir la renovación pacífica del poder, puede ser presidente? Esta es una cuestión constitucional que forma parte de un debate clásico de la democracia: ¿quién no debe gobernar?

Las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos mostraron la fragilidad de la democracia. Una sola persona con poder presidencial puede poner en riesgo la voluntad general que tiene por objeto asegurar el cambio del poder presidencial de manera libre y auténtica, sin sediciones, rebeliones o insurrecciones.

En una democracia, las diferencias del poder se deliberan a través de una libertad de expresión fuerte y vigorosa. El derecho al insulto, incluso, forma parte de una larga tradición norteamericana de la libertad de expresión. Nos guste o no, las campañas políticas son un ring en donde los golpes forman parte de las diferentes luchas que los adversarios deben enfrentar.

Pero, como dice Karl Popper, la democracia nos permite renovar el poder sin derramar sangre. Se puede incendiar la arena con las palabras. Pero no se puede usar la violencia para imponer las ideas.

Si hay o no fraude en las elecciones, los jueces de la democracia dirán la última palabra. El que pierde tiene que esperar a una nueva elección para ganarse el respaldo popular. Pero no puede imponer su disenso por medio de la violencia.

Este problema tiene relevancia a la hora de delimitar el derecho al sufragio. ¿Los enemigos de la democracia pueden gobernar? O dicho de otra manera: ¿los políticos que dañan con violencia a la democracia pueden ser electos?

Durante esta semana se inició en el Senado de los Estados Unidos un juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Para los constitucionalistas, el asunto tiene diferentes problemáticas interesantes que se deben deliberar.

En primer lugar, los senadores norteamericanos discutieron si un presidente puede ser objeto de juicio político aún cuando dejo el cargo. Si uno responde que el impeachment solo tiene por objeto separar de su cargo al presidente, el mismo no tiene razón de ser. Pero si pensamos en que un ex-presidente puede tener otro tipo de sanciones, entonces el juicio político resulta relevante para dilucidar las responsabilidades que se pueden imponer.

En el caso, el juicio contra Trump no solo es relevante para que el Senado delibere un asunto delicado como fue el asalto al Capitolio sino, también, para determinar si se inhabilita o no para poder ejercer de nuevo el derecho a ser electo como presidente.

En todas las democracias se han construido normas para regular prohibiciones a las candidaturas peligrosas. En España, los pro terroristas están vetados. En Argentina, las candidaturas de lesa humanidad tienen una regla de exclusión por su historia de la dictadura. En la región centroamericana, las candidaturas golpistas es una norma convencional para evitar la legitimidad de los golpes de estado. En Turquía, existen prohibiciones a las candidaturas fundamentalistas.

Cada país, por tanto, ha ido construyendo reglas de privación del sufragio pasivo según su contexto político. Al final se plantea las razones imperantes por las cuales la democracia no debe dejar libre a los enemigos el poder de destruir a la propia democracia. El antesala del holocausto es el ejemplo claro: ¿qué hubiera pasado si en Alemania no se le permite a Hitler conformar el partido antisemita?, ¿nos hubiéramos ahorrado una segunda guerra mundial?

INSURRECCIÓN

Donald Trump está siendo enjuiciado por incitación a la insurrección. Él encabezó un mitin en contra de los resultados de las elecciones presidenciales. Ese día, Trump dijo a sus seguidores que hicieran oír sus voces “pacífica y patrióticamente”, que tenían que luchar con todas sus fuerzas pues de lo contrario se iban a quedar sin país, cuando se preparaban para ir a protestar el día en que calificaba la elección de Joe Biden.

Después del mitin, una multitud entró al Capitolio causando un caos. Perdieron la vida cuatro manifestantes y un agente de policía. En la acusación aprobada por la Cámara de Representantes se argumenta que el exmandatario repitió falsamente que los resultados de las elecciones presidenciales fueron fraudulentos y que, por tanto, no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni validados por el Senado.

¿Tiene derecho un insurrecto a ser presidente de su República? Eso lo veremos en el debate constitucional que se deliberará durante estos días.