A la gente le gusta pensar en blanco y negro y no suelen admitirse posibilidades intermedias. En México, el tema de los derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida quedó saldado hace algún tiempo con una solución intermedia, aunque realmente arbitraria.

No obstante, la polémica continúa. Hay incluso partidos políticos que asumen una u otra postura para hacer sus campañas. Los partidarios de cada posición se hacen acusaciones mutuas y argumentan razones científicas para apuntalar sus afirmaciones sin considerar que aún son dudosas; la sociedad se divide.

Los políticos estudian la situación para ver qué les dicta su conciencia, y entre tanto alboroto es difícil llegar a acuerdos; lo peor, dejan entrampada a la mujer embarazada después de una violación y sin saber qué hacer. Pero ¿es siempre ilegítimo practicar un aborto? ¿Cómo podríamos decidir adecuadamente esta cuestión?

Tal vez si eliminamos los obvios ingredientes emocionales sería posible encontrar una solución que satisfaga a los bandos en pugna, pero sobre todo que evite violar los derechos humanos de las mujeres que tienen la desgracia de quedar atrapadas en tan complicada situación.

Obviamente el Estado puede intervenir regulando aspectos de nuestra vida, pero ¿hasta dónde y en qué casos es eso necesario? Quizá para encontrar una respuesta sea preciso establecer al menos los siguientes parámetros: el margen de nuestra libertad personal, el área de la intervención estatal y, lo estelar, ¿qué nos hace humanos a los seres vivos?

La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo aunque tal derecho no es absoluto. El Estado puede intervenir en la vida personal pero sólo en ciertos casos, y no únicamente castigando sino también proveyendo lo necesario. En nada ayuda quedarnos con las razones polarizadas pensando que la decisión de abortar es sólo de la mujer o que un feto está protegido desde que es concebido.

Tampoco es cosa de que los legisladores obliguen sin más a la mujer a enfrentar la carga de la crianza de un hijo engendrado en una violación sexual o peor, a que lo alumbre y se olvide de él, o incluso que renuncie al sueño de una carrera universitaria. De ser así, la ley contra el aborto no sería un compromiso con la vida sino con la idea de controlar la sexualidad femenina.

Ciertamente parece justo que se prohíba el asesinato y, si un feto es ya un humano y además especialmente vulnerable, es claro el deber del Estado de impedirlo, pero realmente no protegemos la vida en general, podríamos hartarnos de contar trágicos exterminios de la vida animal y vegetal. Sólo protegemos la vida humana y sólo en acto y no en potencia.

Pero la mujer en problemas merece también apoyo estatal cuando es víctima de un ataque sexual y por todo esto se hace necesario elegir un criterio sólido para resolver esta grave problemática.

Entre los aspectos esenciales –además de reconocer que nada aportan las posiciones irracionalmente polarizadas–, a mi juicio está el entender que los derechos tienen límites, que existe una responsabilidad irrenunciable del Estado para proteger a la criatura por nacer, pero también a la madre en problemas y, en especial, decidir qué nos vuelve humanos.

El último y estelar aspecto de esta búsqueda toca las raíces mismas de la filosofía, es establecer qué nos define como humanos. Al respecto, podríamos abrir un nuevo debate para determinar si el criterio para elegir debe ser religioso, ético, científico o simplemente jurídico. Durante años, la idea se basó en lo espiritual, ligando el momento en que el cuerpo incorporaba su alma.

Hoy, es claro que debemos echar mano de la ciencia para establecer una especie de compromiso entre las partes sobre el momento en que un feto pasa a ser humano omitiendo diferencias de cada caso, para poder así elaborar normas generales. Y sobre todo decidir qué nos defina como humanos, por ejemplo, nuestro aspecto, reaccionar a los estímulos, respirar o cuando podamos pensar.

Si nos decidimos por el pensamiento estaríamos obligados a prolongar el plazo de impunidad para el aborto, pues según los más extendidos criterios médicos, esto ocurre mucho después de los tres meses en que actualmente y bajo ciertas circunstancias se tolera la interrupción del embarazo.

Para respetar los derechos de la mujer y la vida humana, es crucial establecer con criterios no ambiguos lo que es humano, pero también proveer el andamiaje legal para hacer efectivos esos derechos, pues aún las dependencias médicas se niegan a realizar el procedimiento bajo objeciones de conciencia o alegando la falta de leyes claras sobre a quiénes toca esta obligación.

franciscojaviervaldesrivera@hotmail.com

El autor es director General de Asesoría Jurídica y Atención Inmediata de la CEAV-Coahuila

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH.