Qué fácil es acostumbrarse a tener un paladín que se encargue de velar por todas las causas que uno, en su más egoísta ensimismamiento, no puede darse el lujo de atender.

Los luchadores sociales son lo más cercano a un superhéroe que jamás tendremos. El año pasado el maldito COVID se llevó a gente como Juan Francisco Rodríguez Aldape o el padre Pedro Pantoja, pilares ambos del activismo en nuestra apática sociedad.

Por si fuera poco, y como ya hemos comentado, también durante el escalofriante 2020, Fray Raúl Vera López, Obispo de Saltillo y portavoz de diversas luchas, llegó a la edad en que el Vaticano estima que sus delegados deben retirarse de la vida pastoral. Cumplió 75 años y fue un mero trámite para que el Papa aceptara su dimisión y designara el reemplazo para la Diócesis de Saltillo.

En sus 20 años de servicio en la capital coahuilense, Fray Vera López resultó ser un auténtico cadillo entre las dos carnosidades posteriores del Gobierno y sus grupos afines.

¿Por qué? Por la sencilla razón de que las causas que desde su prédica y activismo ha defendido el ahora Obispo Emérito, pisan callos de la administración estatal, evidencian graves omisiones de la justicia, amén de dejar al descubierto un sinfín de complicidades y corrupción.

Ya sea la causa de los migrantes, los confinamientos de desechos tóxicos; el desaseo financiero del estado, por no hablar de su deplorable situación político-democrático-electoral; las muertes y desapariciones acaecidas ante la indiferencia de las autoridades; la desigualdad social; el abandono de los grupos vulnerables; las violaciones de los derechos humanos, todos estos asuntos siempre ocuparon la agenda y los pronunciamientos del Obispo de Saltillo, lo que siempre provocó gran incomodidad y disgusto en los gobernantes en turno, pues los deja muy mal parados y peor aún.

Y de allí que, desde la llegada de Vera a Saltillo, en los albores del presente siglo, la postura de muchos haya sido la de que, como ministro religioso, el Obispo debe circunscribirse exclusivamente a los asuntos espirituales (¡Carajo! ¡Pero por qué tan progres, mis queridos coterráneos!).

Incluso, no es raro que a Vera se le critique o señale por cuestiones tan humanas y mundanas como dejarse ver en una fiesta, tomar un trago en algún bar, beber cierta marca de vino. Lo que sea, con tal de verlo desacreditado.

Por lo que ahora, ante la perspectiva del fin de su ministerio, muchos debieron experimentar alivio, sólo que debió ser un alivio muy fugaz porque más tardó en llegar su reemplazo, que Vera en anunciar que se quedaba a vivir en Saltillo y a continuar con su activismo, sólo que ahora sin las restricciones ni limitantes impuestas por sus deberes al frente de la Diócesis. Es decir, la amenaza que representa para la clase gobernante se anticipaba recargada.

Pero curiosamente, la salida del Obispo no ha estado libre de incidentes: en diciembre, las oficinas administrativas de la Diócesis fueron asaltadas -¡dos veces en menos de 15 días!-, llevándose documentos y accesos bancarios.

A inicios del presente mes, el domicilio particular de la también activista y principal colaboradora de Raúl Vera, Jackie Campbell, fue allanado y sólo hurgaron archivos y documentos.

Ayer apenas, Campbell Dávila dio a conocer que toda su información cibernética fue violada, “hackeada”, que robaron documentos y todo tipo de datos de su plataforma de almacenamiento virtual o ‘nube’, en lo que parece consecuencia directa del allanamiento perpetrado a su casa dos semanas atrás.

Todo este paquete de incidentes se antoja como una “muy cortés” invitación para que Vera López y sus colaboradores cercanos hagan maletas y consideren mejor el irse a radicar en algún otro punto de la República, fuera de Coahuila.

El acoso sin embargo es innegable y muy real, así como evidente parece la desesperada búsqueda de información que comprometa o presione a los activistas a hacer mutis. ¿Y quién podría haber iniciado esta búsqueda frenética y vil?

Bueno, pues el único que podría obtener alguna ganancia de acallar a Vera López y sus allegados sería el propio Gobierno estatal, mismo sobre el que habrá de recaer toda la responsabilidad si Vera López o Campbell Dávila son chantajeados, exiliados o conminados al silencio.

En el mejor del peor de los casos, el Gobierno aparecerá como inútil, al no poder garantizar la seguridad y el derecho a la privacidad y la libre expresión de estos ciudadanos, ni una permanencia pacífica y tranquila en tierras coahuilenses. Pero en el escenario más pesimista, el propio Gobierno será el sospechoso número uno detrás de este asedio sistemático, alevoso y digno de la Gestapo.