Déjeme usted aportar mi idea de lo que es una reforma fiscal completa

No todos los que viven en el 70% de menores ingresos en México gana en todo, porque algunos tendrían que pagar IVA sobre su renta, o sobre sus intereses de crédito hipotecario, o sobre la colegiatura de sus hijos. Pero es indudable que la mayor incidencia fiscal recae en el 30% de mayores ingresos, y más específicamente, en el 10% más alto.

Frente a esto, he visto muchas propuestas de lo que debería ser una reforma fiscal, que van desde la austeridad del gobierno hasta la ampliación de la base sobre la que se recauda, en las que se afirma que el impuesto al consumo es mejor que el impuesto al ingreso (lo que es cierto), que los impuestos ecológicos podrían ser muy importantes para recaudar (lo que no lo es), y que el gobierno puede reducir significativamente su gasto limitando los ingresos de los altos funcionarios (que tampoco es cierto, pero podría hacerse).

Déjeme usted aportar mi idea de lo que es una reforma fiscal completa, aunque hace ya muchos años que lo hice en esta misma columna. Lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente qué queremos que haga el gobierno, porque de eso depende cuánto necesitamos que recaude. Y no olvide que cada peso que el gobierno gasta es un peso que alguien más produjo. Desde este primer paso verá usted que no hay forma de ponernos de acuerdo.

Para unos, el gobierno debe limitarse a lo mínimo, que es la provisión de bienes públicos. Se le llama así a los bienes que no pueden cobrarse porque cuando se producen alcanza para todos y no se puede excluir a nadie de su consumo. El bien público de libro de texto es la seguridad nacional, que por obligación se presta a todos al mismo tiempo (a la nación). Siendo muy estrictos en la definición, ya no hay más bienes públicos, aunque los libros siempre agregan la impartición de justicia. Esto puede ser un bien público si la justicia es para todos, pero podría no ser así. Un excelente ejemplo es lo que pasa en la ciudad de México hoy, en donde no hay impartición de justicia, y entonces cada grupo imparte la propia, empezando por los honorables maestros.

Hay un grupo de bienes que llamamos públicos, pero que no lo son en el sentido teórico: educación, salud y seguridad pública. No son bienes públicos porque sí se agotan y sí se puede excluir a personas de ellos. Son un bien privado común y corriente, salvo porque decidimos los occidentales, el siglo pasado, que todo mundo debería tener acceso a ellos. En esa definición no se especificaron límites claros, y tenemos ahora un problema mayúsculo. Estos tres bienes sufren de lo que se llama "enfermedad de los costos". Conforme el resto de los bienes producidos va reduciendo su uso de mano de obra, y por eso se va haciendo más barato, la educación, la salud y la seguridad no reducen la cantidad de mano de obra que se requiere para producirlas, y se hacen relativamente más caras. Si a eso sumamos que en las tres ha habido un incremento significativo de "calidad" (cada vez más personascon licenciaturas, cada vez más personas con enfermedades crónicas, cada vez amenazas más complejas a la seguridad) entonces queda claro por qué el costo de estos servicios crece de manera muy acelerada.

Si queremos que el gobierno cubra estos servicios, y no queremos ponerles límites, entonces hay que prepararse para pagar mucho dinero. Hoy en México gastamos más o menos 6 puntos del PIB en educación y otro tanto en salud, y cerca de 1 punto del PIB en seguridad pública e impartición de justicia. De eso, el gobierno cubre cerca de 80% de las dos primeras y el 100% de la última. Es decir que sólo para cubrir estos servicios el gobierno debe gastar 11 puntos del PIB. No incluimos en salud el tema de seguridad social, las pensiones, que si lo hacemos hay que sumar, hoy mismo, tres puntos más del PIB, van 14. Toda la recaudación de impuestos en México suma 10 puntos.

Viene ahora el tema de las externalidades, que el gobierno puede corregir, y debe, según muchos. Una externalidad es el efecto colateral de una actividad económica. Puede ser algo indeseable, como es la contaminación, que se genera al producir un bien. Para corregir estas externalidades el gobierno puede usar un tipo de impuestos (como el que se incluye en la reforma para las emisiones de carbono), o puede tener regulación, que hay que obligar a cumplir.

Finalmente, hay otras tres actividades: la "administración del país", el fomento económico, y la intervención directa en la producción. Lo primero incluye gobierno, relaciones internacionales y demás; lo segundo, construcción de infraestructura, ferias, coordinación de esfuerzos privados, etc. En lo tercero, puede entrar lo que usted quiera.

Para los tres bienes que llamamos públicos, decíamos que ya está gastando el gobierno 14 puntos del PIB. Pero el servicio en todos ellos es de regular a malo. En educación, ampliar la cobertura en media superior y superior nos puede costar 1 o 2 puntos más del PIB. En salud, los países civilizados gastan 12 puntos (el doble de nosotros), y USA llega a 17 puntos. En seguridad, según números que por acá comenté hace tiempo, deberíamos gastar al menos 3 puntos del PIB. Es decir, habría que sumar otros 9 puntos nada más para estos tres bienes, con un nivel razonable. Van 23 puntos.

Póngale dos para toda la administración del país, incluyendo seguridad nacional. Dos más para fomento económico. Son 27 puntos. ¿Cuánto quiere de inversión pública? Digamos 6, que no es nada excepcional: requerimos recaudar 33 puntos del PIB. Ahora dígame de dónde los sacamos, y ya tenemos nuestra verdadera reforma fiscal.