En las últimas dos semanas se suscitó por parte de la comunidad académica, artística, científica y en general, una amplia crítica hacia el Proyecto que pretende desparecer los fideicomisos públicos.

La desaparición de estos fondos presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021), sin mayor justificación que la falta de transparencia en el uso de recursos, aludiendo y generalizando posibles actos de corrupción, es preocupante por la falta de solidez y especificidad de los argumentos, por la desatención de las voces expertas y de las afectadas directa e indirectamente.

Preocupa también el rumbo país, la falta de claridad en la estrategia y en el uso de recursos públicos que fomenten e incentiven el desarrollo, el progreso, la discrecionalidad y falta de transparencia en la toma de decisiones para la redistribución y uso de los recursos obtenidos de la desaparición de los fideicomisos, así como el uso político y mediático del combate a la corrupción para ganar legitimidad de la opinión pública, abonando al escarnio público.

Le sumamos la ausencia de deliberación pública y la falta de mecanismos para que la ciudadanía pase de opinar a incidir en la toma de decisiones de trascendencia nacional. En efecto, siendo un tema de trascendencia nos preguntamos ¿por qué no pusieron a consulta la desaparición de los fondos públicos dedicados a ciencia, educación o el deporte? ó ¿porqué toman decisiones sin permitir el debate abierto, la crítica y la participación ciudadana y de personas expertas y afectadas?

Quienes pretenden desaparecer fideicomisos se quejan de la crítica que los denuncia y hace visible la preocupación de la ciudadanía, tienen dos principios básicos fundamentales con los cuales atajar cualquier oposición, crítica o duda: la transparencia y la legalidad de su quehacer público. Ambos rigen la función pública, obligan a cualquier persona con cargo público a justificar sus acciones y decisiones y a actuar de acuerdo a la ley.

Diversas organizaciones sociales, académicas, centros de investigación, han fijado su postura y preocupación ante la extinción de fondos públicos destinados a educación, investigación, ciencia, deporte y han sido algunas veces escuchados pero ignorados por los legisladores de la Cámara de Diputados. Además, también se han ignorado los principios de Parlamento Abierto en el proceso de aprobación del PPEF 2021, que involucra la desaparición de 109 fideicomisos. Los compromisos adoptados en la Alianza para el Gobierno Abierto, precisamente sobre la revisión y transparencia para la mejora de estos fondos públicos, tampoco se ha respetado.

No existe, un diagnóstico oficial sobre la utilidad, uso, actividades, beneficios, beneficiarios e impacto de estos fondos en la vida pública del país que justifique su desaparición; tampoco hay claridad acerca de su proceso de extinción, ni hacia dónde se dirigirán los recursos obtenidos, ni cómo ni quién hará uso de ellos, ni cómo se cubrirán ahora los gastos que estos recursos atendían.  

Además, de la falta de argumentos sólidos que justifiquen la decisión a rajatabla de desaparecer estos fideicomisos, sin que estén claros los mecanismos y formas en que se van a redistribuir (si es que se redistribuye a los mismos ámbitos para los cuales estaban destinados: educación, ciencia, deporte, derechos humanos); hay otro tema que preocupa: el control político y mediático del combate a la corrupción para legitimar ante la opinión pública la decisión de extinguir los fideicomisos.

Ante la opinión pública se ha atacado desde las más altas esferas de poder político y mediático, por ejemplo, a la comunidad científica del país, minimizando el trabajo de los especialistas en diversos temas, desestimando logros y avances obtenidos en los últimos años para el desarrollo nacional, aludiendo a un tema de corrupción y de clase la labor intelectual, manipulando y mediatizando así, un tema de trascendencia nacional que debiera ser discutido, precisamente por expertos, ciudadanía y tomadores de decisiones. ¿Por qué extinguir los fideicomisos? ¿qué hacer con esos recursos? ¿cómo financiar las actividades que estos mantenían de estos fondos? ó ¿también se van a extinguir el apoyo a la investigación científica, la educación, el deporte, la defensa de los derechos humanos?

A falta opciones claras en la propuesta de extinción de los fideicomisos para las actividades a las que beneficiaba y ahora afectadas, hay un limbo grave en el uso de esos recursos y para las actividades y personas afectadas, que debe atenderse de manera seria, y no dejarlo en la manipulación de un falaz combate a la corrupción. Aquí es precisamente donde, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana tienen enormes retos que enfrentar. Pues esta decisión de trascendencia nacional de desaparecer fondos públicos de los que se financian varios centros de investigación y educación superior en el país, no debe pasar de irrelevante o inclusive mediáticamente necesaria -según el discurso infundado y manipulado- ante la opinión pública.

*

Beatriz Pérez José, Miembro del Consejo Directivo de la AMDAD 

Si usted desea colaborar con este proyecto envíenos sus datos de contacto a: opinionciudadana@ccic.org.mx