El juicio que en una corte del vecino estado de Texas se sigue en contra de Marciano Millán Vázquez, presunto operador de la organización criminal conocida como “Cártel de Los Zetas” está sacando a la luz información que necesariamente debería ser tenida en cuenta por las autoridades responsables de la procuración de justicia en Coahuila.

Y es que de acuerdo con el testimonio de un individuo identificado como “G. Rodríguez”, las cabezas de la referida organización delincuencial habrían gozado de la anuencia de quienes tuvieron a su cargo la administración del penal de Piedras Negras para “reclutar” entre los internos a personas que obligaban después a trabajar para ellos.

Más allá de las cifras -que deberían ser investigadas con el propósito de verificar qué de cierto hay en ellas- los señalamientos del testigo resultan escalofriantes pues dan cuenta de lo que pudo ser, en algún momento del sexenio pasado, la realidad cotidiana en territorio nigropetense.

Según “G. Rodríguez” -quien, en el momento de los hechos, se encontraba recluido en el penal de Piedras Negras y hoy purga una condena de 25 años de prisión en los Estados Unidos- la banda de “Los Zetas” habría ingresado al penal fronterizo para llevarse a 130 reclusos a quienes habría puesto en la disyuntiva de trabajar para ellos o morir.

De ser cierta la afirmación, ¿es posible considerar que una operación de tal magnitud pudo llevarse a cabo sin la participación o, al menos, sin la anuencia de quienes administraban el referido penal? 

El testimonio señalado se suma a las afirmaciones que ya en otro momento se han hecho en el sentido de que el penal de Piedras Negras sirvió como lugar de ejecución y desaparición de las víctimas del referido grupo delincuencial.

El testigo “G. Rodríguez”, quien asegura haber trabajado durante nueve meses para el grupo delictivo que en Piedras Negras comandaba Marciano Millán Vázquez, ha dicho que los integrantes de la banda podían circular libremente por las calles de Piedras Negras portando armas de grueso calibre e incluso lanza cohetes.

La versión coincide con las afirmaciones realizadas el 18 de junio de 2014 por el alcalde de Piedras Negras, Fernado Purón Johnston, quien en esa fecha afirmó que “los policías municipales, cerraban las calles mientras el crimen organizado destruía las casas”, al referirse a hechos ocurridos tres años atrás, cuando la “firma” de las venganzas criminales era destruir las viviendas de sus adversarios.

Los elementos sobre la mesa son muchos como para ser simple coincidencia, y ello debería obligar a la realización de amplias investigaciones que aclaren la participación de funcionarios públicos en los hechos delictivos ocurridos en aquella frontera.

Porque, igual que pasa con el presunto desfalco perpetrado en contra de las arcas coahuilenses durante el sexenio de Humberto Moreira Valdés, resulta incomprensible que en los Estados Unidos se investigue con mayor rigor los hechos que interesan, sobre todo, a los coahuilenses.