La tradicional canallada de fin de año, por obra del Congreso
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La tradicional canallada de fin de año, por obra del Congreso
Era de suponerse. El 22 de diciembre, cuando todo mundo está pensando en otra cosa, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública que, en resumen, eleva de 28 a 34 los años de servicio para las mujeres, y de 30 a 36 para los hombres. Además los obliga, a partir de 2019, a aportar el 13% de su salario mensual a la causa; el doble de lo que hoy contribuyen (6.5%).
Feliz Navidad, les dijo, y luego se fue de vacaciones hasta el 7 de enero.
El asunto es interesante por una razón: desde septiembre 22 que se presentó la Iniciativa de Decreto, hasta el día 22 de diciembre que se votó, no se cambió una coma a la redacción del documento enviado por el Gobernador. Por el contrario: se aprobó de manera unánime.
Tampoco hubo mesas de trabajo, pese a la trascendencia del tema, ni foros o talleres de consulta previos a la expedición de la nueva Ley. Sencillamente los diputados locales aguardaron el momento justo para pegar el sablazo: cuando menos atención pública hubo.
Esos, son nuestros representantes populares. Ese, el Congreso del Estado por si no lo conocía o tenía dudas de su actuar. Es evidente que no tienen ánimo de debatir o cambiar una postura originaria, sino de aprobar en caliente y sin oposición. Si la hubiere, le sacan la vuelta y siguen de frente. Como una oficialía de partes. Contrario a lo que, originalmente, debería representar la función legislativa.
Ahora bien, aquí viene lo preocupante: la Ley de Pensiones legitima indirectamente todo lo actuado con anterioridad. Buenas o malas prácticas. La Exposición de Motivos afirma que era “indispensable hacer cambios de fondo” pues la situación actual es “grave”, “compleja” e “inviable”. Sin embargo nunca tocó, ni siquiera superficialmente, un tema que debería ser amplia y profundamente abordado: que “las reservas se han agotado”.
¿Desde cuándo?, ¿por qué?, ¿quién las agotó?, ¿cómo sucedió?
El pasado 18 de octubre quien esto escribe publicó que la Ley de Pensiones se sustenta en una hipótesis errónea: que los ancianos de hoy viven mucho más que antes.
Esa idea está basada en una confusión. Decir que la esperanza de vida ha crecido no significa que ahora los adultos mayores vivan más. En realidad la expectativa se debe al descenso de la mortalidad entre niños y jóvenes, por lo cual mucha más gente llega a la vejez en 2015; aunque una vez ancianos los años de vida han aumentado muy poco. Por ello ampliar el plazo para jubilarse significa también reducir los años de beneficio.
Y también se propuso aquí una solución: mayor financiamiento con fondos procedentes del Estado. Pero llegamos al problema de siempre: no hay liquidez debido a la Deuda Pública.
Para dimensionar: Gobierno del Estado, el patrón, no tendrá mil 700 millones al año para solventar las pensiones a sus trabajadores de la educación, en cambio está obligado a desembolsar 4 mil 163 millones de pesos anuales para pagar la Deuda Pública, de los cuales 2 mil 367 millones (según el Presupuesto de Egresos 2015) cubren sólo intereses a los bancos. Ni siquiera reducen el capital.
Las preguntas, por tanto, siguen siendo las mismas: ¿quién desequilibró el barco entonces, los que se jubilan porque les corresponde, o los que pidieron 36 mil 726 millones de pesos a crédito y endeudaron por 30 años a la entidad?
¿Y deben ser los primeros quienes paguen los platos rotos?
Cortita y al pie
Lo que significa época de reflexión para algunos, para otros es el momento idóneo para clavar la estaca. ¿Tiene la culpa el ciudadano, por pensar en otra cosa el 22 de diciembre, o el legislador, por aprovecharse de los tiempos y las costumbres del ciudadano?
Como sea, a partir de 2016 los trabajadores de la educación pública de Coahuila (incluidos los de la UAdeC y la UAAAN) tardarán seis años más en jubilarse, y les descontarán el doble de lo que actualmente cotizan.
La última y nos vamos
Por lo demás, a los afectados les queda el Juicio de Amparo. Ese instrumento que sólo en México existe y sirve para defenderse de las autoridades. Acá lo vemos normal. En otros países de escándalo.
@luiscarlosplata