Entre el 21 de julio y el 4 de agosto de 2018, es decir, hace casi tres años, publiqué en este mismo espacio un tríptico titulado “AMLO: las trampas del amor”. En dichos textos me atreví a señalar cómo la vocación autoritaria de “ya saben quién” se retrataba de forma nítida en su “plan” de 50 puntos para combatir la corrupción y la impunidad.

Los “ofrecimientos” contenidos en esa colección de ocurrencias y tonterías inconexas, afirmé en aquella ocasión, en realidad escondían, entre otros, una intención aviesa: pavimentar el camino para instaurar en México uno de los vicios más deleznables de los regímenes autoritarios: el uso del Derecho Penal como instrumento para eliminar enemigos políticos.

Habían pasado apenas tres semanas desde el resonante triunfo del hoy presidente (así, con minúscula) y ni siquiera le habían entregado al hijo pródigo de Macuspana la constancia de mayoría. Quienes fijábamos desde entonces una posición crítica y señalábamos las pulsiones autoritarias de López Obrador, éramos tachados, en el mejor de los casos, de exagerados.

Pero el tiempo siempre pone las cosas en su lugar y por ello conviene dejar las ideas por escrito. Ahí está hoy ante nosotros, sin maquillaje, la materialización de lo advertido cuando la Transformación de Cuarta ni siquiera arrancaba formalmente: ante el desplome de las preferencias de su favorita en Nuevo León, López Obrador no ha tenido empacho alguno en recurrir a su arma secreta: la amenaza de encarcelar opositores.

Conviene recordar lo señalado en ocasión de aquellos textos. Esencialmente, lo relativo a la traducción práctica de elevar un delito a la categoría de “grave”: eso permite mantener en prisión -hasta por dos años- a una persona imputada, aun cuando no se le haya dictado sentencia e incluso si al final se le absuelve y se le deja ir a su casa con un “usted disculpe”.

Desde el púlpito del poder el ofrecimiento suena apetitoso porque se hace ante una muchedumbre sedienta de sangre y cuyos integrantes suelen darse por bien servidos con el hecho de ver al corrupto -un opositor político, por lo común- tras las rejas durante algún tiempo.

Y eso es así porque en nuestra sociedad la vocación por la justicia tiene en realidad poco arraigo y prevalece en cambio la idea de la venganza. Por regla general, la indignación provocada por el ejercicio abusivo de poder, por parte de nuestra clase política, se disipa fácilmente con una imagen.

No importa si el “defenestrado” pisa la cárcel apenas unas horas y al final sale de allí para disfrutar de lo esquilmado a las arcas públicas: la estampa con los barrotes de por medio, o con la ficha signalética sostenida entre los dedos, resulta recompensa suficiente.

Nadie se fija en la incompetencia de las instituciones públicas para procurar justicia; nadie critica a quienes, tras anunciar con bombo y platillo el inicio de un proceso penal, e incluso el arresto de un “pez gordo”, fracasan estrepitosamente en el propósito de conseguir una sentencia condenatoria en el único lugar donde cuenta: un juzgado.

Nadie repara tampoco en las razones por las cuales nuestras fiscalías yerran de forma recurrente a la hora de armar y judicializar casos. Nadie se cuestiona si el arresto tenía solamente propósitos políticos o si el “fracaso” del ministerio público fue en realidad intencional.

En otras palabras, no nos importa si el Derecho Penal -el Derecho, en general- se utiliza con propósitos facciosos o si la forma en la cual se procesan los casos penales termina reforzando los circuitos de la corrupción gubernamental o, peor aún, dinamitando los cimientos de la democracia.

Como pocos, López Obrador conoce esta mecánica de la idiosincrasia mexicana y también como pocos está dispuesto a utilizarla sin rubor alguno para servir a sus intereses personales.

Por eso, en el punto tres de su “plan anticorrupción” (imposible no usar comillas) ofreció en 2018: “se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza”.

Lo importante, desde luego, eran -son- las últimas 13 palabras, aunque la oración no tenga sentido desde el punto de vista jurídico, pues no es la pena, sino la clasificación de la conducta imputada, la razón por la cual no es posible enfrentar el juicio en libertad.

Porque para los autócratas lo relevante no es la realización de investigaciones pulcras ni hacer justicia. El objetivo es utilizar los instrumentos del poder para satisfacer sus deseos. En el caso específico de la elección de Nuevo León, garantizar el triunfo de Clara Luz Flores… a cualquier costo.

Por ello, con todo el desaseo posible, la Fiscalía General de la República anunció su intención de poner tras las rejas a los dos candidatos punteros en esa elección: Adrián de la Garza y Samuel García.

Nadie se diga sorprendido, sin embargo. Las intenciones de la transformación de cuarta han sido muy claras desde el principio.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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