Miami, EU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) elogió una decisión de la Suprema Corte de Justicia de México que ordena al Congreso nacional a legislar y regular la distribución de la publicidad oficial antes del inicio de la campaña política el 30 de abril de 2018.

La Corte ordenó al Congreso a cumplir con la obligación de reglamentar la publicidad y propaganda gubernamentales, bajo criterios de "eficiencia, eficacia y honradez" como remarca el artículo 134 de la Constitución mexicana. Esta obligación debe prevalecer para todos los poderes públicos y organismos autónomos. La sentencia del pasado 15 de noviembre de la Corte se da tras un amparo presentado por la organización Artículo 19.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, saludó la decisión la Corte. "Es nuestro viejo anhelo que se erradique la práctica de los gobiernos de asignar en forma discrecional la publicidad oficial, a la que muchos utilizan para premiar o para castigar a medios de comunicación según sus líneas editoriales".

Mohme, del diario peruano La República, recordó que en varias resoluciones de la SIP se ha calificado de "corrupta" a esta política discrecional, a la cual se considera una forma muy sutil y perversa de censura indirecta. Esta práctica es denostada por la Declaración de Chapultepec y otros instrumentos internacionales como la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que la SIP siempre "ha condenado el uso de publicidad oficial mediante intereses partidarios y gubernamentales y ha enviado múltiples misiones a diferentes países como Argentina, Ecuador, México, Perú y Nicaragua para pedir que se reglamente el uso y colocación de avisos bajo criterios técnicos, equitativos y de transparencia".

Rock y Mohme consideraron que este nuevo fallo y la nueva legislación podrían servir de estímulo para que se adopten medidas similares en otros países. Ya existen fallos de Corte Suprema en Argentina sobre el tema, así como leyes y regulaciones en Chile, Colombia, Perú y Uruguay, aunque persisten políticas discrecionales en la mayoría de los países americanos.

(Boletín de SIP)