Por Itxaro Arteta @iartetam para Animal Político

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió en su revisión de la Cuenta Pública de 2017 que la Secretaría de Educación Pública (SEP) lleva 11 años financiando un programa de rescate financiero para universidades públicas de los estados que no pueden pagar sus jubilaciones y pensiones, sin saber qué tanto contribuye a solucionar estos problemas y sin un plan para determinar por cuántos años será necesario hasta que las instituciones sean autosuficientes.

En 2017, la SEP repartió entre 28 universidades 589.3 millones de pesos, “sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES (Universidades Públicas Estatales) para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma inercial”, y esto sin conocer el beneficio para los poco más de 200 mil trabajadores de las universidades con derecho a pensión, según consignó la ASF en la auditoría de desempeño 2017-0-11100-07-0139-2018.

A valor presente, la deuda de estas universidades ascendería a 1 billón 269 mil 694.3 millones de pesos, y gracias a la reestructuración financiera que el gobierno federal promovió, se logró ahorrar el 62.2%. Aun así, por cada 10 pesos que las instituciones están obligadas a pagar, el fondo de apoyo federal tiene sólo 4.1 pesos, de acuerdo con la ASF.

El programa tiene deficiencias, según la Auditoría, desde sus reglas de operación. Por ejemplo, no está previsto cuánto es lo máximo que le puede dar a cada universidad ni por cuánto tiempo, ya que no hay un plan de hasta cuándo necesitarán ese dinero extra para solucionar sus problemas financieros.

Tampoco se ha buscado que las universidades tengan fuentes alternativas de ingresos para que sus deudas lleguen a ser viables. El programa no se ha asegurado de que haya coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidades, no hay mecanismos de seguimiento para decidir si se ajusta o se cancela y, por si fuera poco, no hay garantías de que el dinero haya ido a parar únicamente a las universidades.

No sólo la SEP incumplió sus obligaciones, sino también las universidades beneficiarias. De las 34 que pueden recibir apoyos, sólo 28 presentaron sus proyectos financieros para tener el apoyo. De ellas, 12 no pusieron metas de reducción de su propio déficit, y las otras 16 sí lo hicieron pero sin enfocarse en hacer reformas o buscar maneras de resolver sus problemas financieros.

La ASF no detalla cuáles son las 28 universidades que recibieron dinero el año pasado, pero entre las que ya han sido ayudadas en otras ocasiones están las Autónomas de Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, del Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa y de Morelos. También la Universidad de Colima, de Guadalajara, de Guanajuato, de Sonora, la Universidad Michoacana, la Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Sonora.

No es la primera vez que la Auditoría señala deficiencias en este programa. En 2014, reclamó que no se había garantizado la aplicación y comprobación del dinero entregado, ni había consecuencias en caso de incumplimiento, y que los estados ni siquiera habían abierto las cuentas bancarias específicas para administrar esos recursos. En 2015, repitió la observación a que las entidades no abrían las cuentas bancarias, y reprochó una falta de transparencia y publicación de informes trimestrales.

“Para 2017, la SEP careció de la evidencia documental para demostrar que efectuó el seguimiento financiero de la aplicación de los recursos asignados exclusivamente en aquellos rubros autorizados y en los términos establecidos en los convenios suscritos con las UPES. Cabe señalar que con la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 la ASF observó los mismos hallazgos a la SEP, los cuales no han sido corregidos”, recordó el informe.

Por todo esto, en sus conclusiones la Auditoría Superior recomendó que la SEP replantee el diseño del programa y su implementación.