El dato en sí no sorprende, pues AMLO ha encabezado por amplio margen las encuestas desde hace varios meses. Lo que sí impacta es la presunta intención del votante mexicano de también otorgarle superioridad en el Congreso: su llamado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtendría al menos 258 diputaciones de un total de 500 para la Cámara de Diputados, y un 46% de los entrevistados indicaron que en cuanto a Senadores, votarían por alguno de los tres partidos que forman su coalición.

            De resultar cierto el estudio, sería la primera vez en 21 años que México tenga un Presidente con apoyo mayoritario de su mismo grupo político en ambas Cámaras, pues desde las intermedias de 1997 ninguno ha podido gobernar con mayoría simple (por no decir absoluta). El más cercano fue Ernesto Zedillo en cuya última brecha de su administración el 48% de las curules pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo a la reconocida politóloga María Amparo Casar en su artículo titulado “Un gobierno en los linderos de la mayoría,” publicada hace tres años.

            Para AMLO esta coyuntura abre una enorme oportunidad para un auténtico cambio de régimen. Con el soporte de su bloque parlamentario, López Obrador podría revertir la reciente decisión de Enrique Peña Nieto –a través de un decreto que evitó todo debate legislativo aprovechando la distracción del Mundial de football de Rusia–, de privatizar 300 cuencas hidrológicas del país que solo benefician a algunas empresas trasnacionales incluyendo varias mineras canadienses, y a ciertos individuos en detrimento de las comunidades indígenas y la población general. Desafortunadamente hay amplias zonas donde la sequía –producto del cambio climático global– azota con dureza desde hace varios años. El agua es, y deberá ser siempre, un valioso recurso colectivo.

  Otra iniciativa en el Congreso que Morena debiera apuntalar tan pronto arranque el primer periodo ordinario de sesiones, es el resquebrajamiento de múltiples monopolios comerciales. Ya que mantienen estancada a la economía al impedir la llegada de nuevos participantes, disparan los precios en productos y servicios que son de su exclusivo ámbito, y ahogan toda innovación sectorial, estas empresas representan un verdadero lastre para México. En telecomunicaciones, por ejemplo, figuran dos compañías que controlan la televisión abierta y son notorias tanto por su pésima calidad programática como por el nulo contenido cultural de sus transmisiones: Televisa y TV Azteca. Por otra parte, Telcel domina todas las conexiones telefónicas al grado tal que México ocupa el cuarto lugar con los servicios de internet más caros dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En cuanto a carnes procesadas tres son las entidades que tienen control absoluto del mercado, en el de lácteos Alpura y Lala mantienen 80% de la cuota, y en refrescos únicamente sobresalen Coca Cola y Pepsi, quienes con su abrumador poder arrasan con cualquier potencial rival. Un trío de empresas hace lo mismo en servicios financieros, y en ferrocarriles se repite la historia: Ferromex, Kansas City Southern y Ferrosur son dueños de prácticamente todo México. Este último sector resulta estratégico para la transformación en materia de infraestructura del gobierno lópez-obradorista, pues plantea resucitar los trenes de pasajeros (desaparecidos desde las amañadas privatizaciones de los años 90’s) y construir la primera línea de tren de alta velocidad del continente (salvo que California en EU termine su sistema que lleva tres décadas seguidas en obra física y más de 77 billones de dólares de inversión).

            Existe la expectativa de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tanta controversia ha causado en los últimos meses por su exorbitante costo de más de 200 mil millones de pesos (unas cuatro veces más que el presupuesto anual de todo Coahuila), sea concesionado a la iniciativa privada sin que el gobierno aporte un solo centavo, lo que habrá de liberar recursos para otros proyectos menos faraónicos en materia de desarrollo social.

            Si llegara a contar con el respaldo de 51% o más de legisladores en la Cámara Alta y la Baja, el siguiente Presidente podrá introducir sin oposición alguna el llamado Referendum y la Revocación de Mandato, dos pilares básicos de la campaña política del líder tabasqueño. Con ello los ciudadanos podremos votar libremente sobre la legalización de las drogas, el aborto o cualquier otro tema de alta trascendencia jurídica que se ponga bajo consideración pública. Se tendrá la posibilidad de sacar de Los Pinos a cualquier mandatario por mera incompetencia, incluso antes de que termine su periodo oficial.

            A AMLO parece beneficiarle el destino. Como ha anunciado previamente, busca retirar al Ejército de las labores policiacas y alejarlo de la fracasada lucha anti-narco que, aunado a la absoluta ausencia del Estado de Derecho aprovechado por los criminales, ha conllevado a un 75% de aumento en la tasa de homicidios desde el 2015, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. México ha roto récords en asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, robos, asaltos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo los gobiernos del PRI y el PAN. El periodismo es ahora la profesión más peligrosa, mientras que el flujo de drogas –tanto interno como externo–, sigue intacto.

            Si a la mencionada situación le sumamos la crisis diplomática que México vive frente a Estados Unidos –que actualmente es presidido por un millonario racista, xenófobo, misógino y pedante–, López Obrador podrá acelerar la desmilitarización del país que estrenó su contrincante ultra-derechista Felipe Calderón. Podría empezar por cancelar todo acuerdo de cooperación con EU en materia de seguridad fronteriza, poner fin a los onerosos programas de capacitación castrense, y dejar de adquirir equipo y armas al Pentágono. De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), este país incrementó 180% las importaciones de armas entre 2012 y 2016, y EU suministró poco más de la mitad de ese material bélico. Solo en Abril pasado la Secretaría de la Defensa Nacional gastó 1,200 millones de dólares en la compra de ocho helicópteros y varios misiles y torpedos a compañías estadounidenses. Estos desembolsos no se han traducido en mejora alguna de la seguridad interna, ni siquiera en la percepción ciudadana de la misma. Bien pudieran emplearse en rubros más productivos, como ciencia y tecnología o becas para estudiantes.

            La franca actitud de desprecio de Washington hacia México y sus habitantes, una agresiva política anti-migratoria en la frontera que le ha valido reprimendas de la ONU y asociaciones defensoras de los derechos humanos, y la más reciente imposición unilateral de aranceles que atentan contra las reglas de la Organización Mundial del Comercio, son justificación suficiente para marcar un distanciamiento diplomático permanente ante el gobierno de Donald Trump hasta que éste sea sustituido o removido del cargo. El fuerte sentimiento anti-estadounidense de nuestros tiempos será una carta bastante favorable para el nuevo gobierno de corte nacionalista que sin la menor duda cuenta con el apoyo moral de millones de mexicanos.

            Se abre una ventana de oportunidad para que mientras se define el estatus del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México diversifique y amplíe su red de socios comerciales. Lentamente tendremos que reducir nuestra dependencia de EU pues en la actualidad casi el 75% de todas las importaciones y exportaciones tienen como procedencia o destino al vecino del norte. Opciones sobran: la Unión Europea, China, Corea del Sur, Chile, Brasil, Perú y Colombia, por citar los más relevantes y conocidos. El Acuerdo Trans-Pacífico recién ratificado (México fue el primero de los once integrantes en hacerlo hace un par de semanas) permite explorar mercados vírgenes en lugares de creciente dinamismo, tales como Vietnam, Malasia y Singapur. El nuevo gobierno de izquierda se verá obligado a alterar la política exterior de México y volcar su mirada del Norte hacia otros horizontes, algo que urgía hacer desde hace muchas décadas.

            Por último, aunque no menos relevante, cabe destacar que debieran guardarse un par de indicadores rojos para la Presidencia de López Obrador en caso de que cualquiera de estas acciones llegaran a consumarse. La primera es una excesiva concentración de poder (medible, por ejemplo, con el hostigamiento o cierre de medios de comunicación contrarios a su persona o políticas públicas). La segunda sería cualquier intento de modificar la Constitución para reelegirse indefinidamente, idea que AMLO ha rechazado reiteradamente. Una tercera señal de alarma se vería con expropiaciones de empresas privadas –nacionales o extranjeras– sin ninguna razón de Estado ni compensación justa. Revertir las reformas energética y educativa causará notoria irrupción y retroceso en la materia, si bien habrán elementos muy positivos de las mismas que permanecerán sin cambio. Y no queda aún claro de dónde obtendrá el futuro Presidente el dinero para implementar sus compromisos de campaña, considerando que no piensa subir tributaciones, ni gravar con IVA alimentos y medicinas, y tampoco ha dado a conocer un plan concreto para expandir la base de contribuyentes en una nación donde el 60% de los ciudadanos se rehusan a pagar impuestos. Los siguientes seis años pintan con un sin fin de claroscuros, pero se cuenta con un basto capital político de arranque que no debiera desperdiciarse para lograr una profunda transformación que beneficie al país; Vicente Fox fue una terrible decepción de la que hay que aprender para evitar repetir los mismos errores…