CDMX.- Por lo menos 30 millones de pesos del presupuesto de seguridad nacional destinado para el mantenimiento y operación de penales federales en 2014, se destinaron para la adquisición de camionetas de lujo y viajes aéreos ejecutivos para altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que el pasado 12 de septiembre interpuso una denuncia penal ante la PGR por éstas y otras irregularidades, como son gastos sin justificar, contratos por bienes de los que no hay evidencia que se hayan entregado y falta de documentos originales relacionados con inversiones.

Los probables responsables de las irregularidades, son funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que depende  de la Segob. En 2014 el titular de dicho órgano era Juan Ignacio Hernández Mora.

De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 0045 practicada a los rubros de gastos y equipamiento de 2014, en vez de invertirse los recursos en el mantenimiento y operación de los penales se gastaron más de 17 millones de pesos en la adquisición de 7 camionetas tipo suburban blindadas; en promedio cada vehículo superó los dos millones de pesos.

De entrada los auditores indicaron que no se presentó justificación alguna que acreditara la necesidad de esos vehículos y menos aún que para su adquisición se hayan utilizado recursos de la partida de “Gastos de Seguridad Pública Nacional”.

Lo que se limitó a decir la Segob fue lo siguiente: “Para el OADPRS esta contratación fue prioritaria, ya que permitió otorgar elementos de seguridad para la protección de los servidores públicos que lo requieran por motivo de seguridad pública, los cuales fueron distribuidos a los servidores públicos del OADPRS y de la Secretaría de Gobernación”.

Lo que dice la ASF es que a pesar de esta respuesta “no se acreditaron los supuestos de urgencia, riesgo y confidencialidad extrema”.

Las irregularidades con los vehículos no terminaron ahí. Tres de las camionetas no fueron entregadas a funcionarios del sistema penitenciario federal, sino que se las enviaron a “altos funcionarios” de la Segob y que esto ocurrió de manera temporal.

En la revisión de las cuentas, la ASF concluyó que no se proporcionó evidencia alguna de la supuesta solicitud “de uso temporal” de las camionetas; aunado a eso, no hay documento que demuestre la “fundamentación, motivación, periodo de comisión y usuarios de dichas unidades”.

En conclusión, la ASF estableció que no hay documentación que ampare el haber usado recursos de seguridad nacional destinados a los penales federales, para haber adquirido camionetas blindadas y menos para haber entregado tres de ellas a altos funcionarios de la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.

Vuelos irregulares

En 2014, el OADPRS de la Segob firmó el contrato OADPRS/DGA/PS/002-A/2014 por un monto de un millón y medio de pesos para el servicio de traslado aéreo ejecutivo para altos funcionarios de la dependencia. El argumento fue que existía la “urgencia de transportar a servidores públicos de mando superior para atender requerimientos de centros federales  y donde la transportación vía terrestre se vuelve complicada”.

Los auditores encontraron que no había evidencia alguna del procedimiento de selección de la empresa que otorgó este servicio. La compañía contratada (cuyo nombre no se reveló) tampoco aparece en la base de datos en materia de contrataciones de seguridad nacional que administra el Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional

Por otro lado los auditores identificaron que hubo otros cuatro servicios de transporte aéreo por un costo de casi 20 millones de pesos de los que no existe justificación documental. Además cuando se solicitó el expediente de las facturas, transferencias bancarias y otros documentos de dichos servicios, solo se presentaron copias de los mismos.

La ASF otorgó un plazo para que la dependencia subsanara estas deficiencias sin embargo, al cierre de la auditoría no se habían proporcionado los documentos.

Dirección fantasma

En la revisión de los gastos ejercidos por el OADPRS, los auditores identificaron que varias partidas fueron autorizadas por un área de la Segob que en términos legales no existe.

“Dentro de la estructura orgánica autorizada al OADPRS no se encontró a la Dirección General Adjunta de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, unidad administrativa que ejerció recursos presupuestales y ejecutó actos administrativos y jurídicos, sin estar definida su existencia legal”, reveló la auditoría.

Las irregularidades continúan. En 2014 la dependencia pagó un servicio denominado “Coach Líder” por más de 4 millones 200 mil de pesos, el cual quedó asentado en el contrato OADPRS/PS/S/013/2014. La dependencia explicó que se trataba de un servicio de capacitación para “servidores públicos en puestos directivos” con el objetivo de incrementar su eficiencia y liderazgo.

Pero – de nueva cuenta – los auditores no encontraron evidencia de que el servicio se haya otorgado, y menos justificación de haberlo pagado con recursos de seguridad nacional.

Como los ejemplos anteriores, los auditores encontraron por lo menos una decena de contratos de múltiples servicios en donde se advierte que no existe justificación para haberlos cargado en el presupuesto de gastos de seguridad pública y nacional.

Por otro lado la ASF identificó que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reporta haber pagado más de tres millones de pesos por diversos bienes de los cuales no hay evidencia documental de que se hayan entregado.

Además se efectuaron pagos de servicios por casi 26 millones de pesos de los cuales sólo se proporcionó copia de la documentación justificativa y comprobatoria, sin que existan documentos originales.

La auditoría alertó que se solicitaron recursos por más de 142 millones de pesos para obras de remodelación de un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), bajo el argumento de que había “extrema urgencia” para llevar acabo estos trabajos por motivos de seguridad y evitar una posibilidad de fuga o motín en el mismo.

La contratación de la empresa responsable para estos trabajos se hizo vía adjudicación directa, sin embargo, se descubrió que el contrato se firmó 65 días después de que se notificó a la compañía la adjudicación lo que viola la Ley de Obras. Dicho contrato fue autorizado por un funcionario que no tenía facultades para ello.