A raíz de la apertura a la competencia global generada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte [hoy T-MEC], el Gobierno federal dio subsidios a los productores del campo a través de programas de la Secretaría de Agricultura, como Procampo, sustituido hoy por Producción para el Bienestar. Sin embargo, Fundar Centro de Análisis de Investigación destaca en su proyecto “Subsidios al campo” –basado en cifras oficiales– que estos apoyos beneficiaron más a grandes productores y castigó a campesinos de medianas o pequeñas superficies, a pesar de ser mayoría en el sector y necesitar de más recursos.

Colectivos del campo y ex diputados también destacan que, al revisar los padrones y nombres de productores o socios publicados por la Sagarpa en datos abiertos, se otorgaron más ayudas con dinero público a empresas trasnacionales como Bimbo, Maseca (Gruma) y Bachoco.

En este contexto, México exporta principalmente hortalizas, frutas y cerveza –producidos por la agroindustria–, pero importa en su mayoría los alimentos de la canasta básica [maíz amarillo, arroz, frijol], es decir lo que más consumen las familias mexicanas, muestran las cifras de la Secretaría de Economía (SE).

Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, en referencia a las empresas que buscan devoluciones del pago de impuestos, como lo intentó Grupo Modelo. Y en diversas ocasiones ha criticado al modelo neoliberal.

Pero su apertura a Nestlé México, que anunció una inversión por 154 millones de dólares para la producción de café robusta en Veracruz, da otra señal a los campesinos de pequeña escala. El Consejo Regional del Café en Coatepec rechazó la instalación de la planta de la trasnacional porque “ha manipulado el precio del café” y “ha explotado a los cafetaleros no solo mexicanos, sino de todo el mundo”.

Movimiento Social por la Tierra y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) también criticaron la medida porque las políticas enfocadas al sector cafetalero, lejos de ser benéficas para los pequeños productores, son dirigidas a las empresas trasnacionales tanto para producción como para comercialización.

Sin embargo, Manuel Cervera Villanueva, encargado del proyecto “Subsidios al Campo” de Fundar, destacó que la ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destinará la mayoría de sus recursos a programas nuevos destinados solo a pequeños productores, entre ellos el de precios de garantía a productos alimentarios básicos (6 mil millones de pesos para 2019), crédito a la palabra (4 mil mdp) y fertilizantes (mil mdp). Leticia López, directora de la ANEC, celebró esa medida.

Esto contrasta con la tendencia pasada de dar más a grandes productores que a “los vulnerables” como productores pequeños, indígenas, en zonas violentas, lo cual, dijo Cervera, acentuaba la pobreza y hambre en el campo.

“Hay que reconocer de este nuevo Gobierno federal que Procampo desapareció y lo sustituyó un programa que se llama Producción para el Bienestar, compuesto por ese padrón de Procampo y del de apoyos para productores de maíz y frijol. Y solo contempla productores con predios de menos de 20 hectáreas, es decir, a pequeños y medianos productores”, aseguró. “Procampo era un programa regresivo que beneficiaba a los que más tenían”.

En el país hay 9.3 millones de terrenos rurales, el 96.9 por ciento del total de la superficie nacional, de los cuales el 69 por ciento reporta a la agricultura como actividad principal y el 11 por ciento a la ganadería. De los 6.4 millones de superficie agrícola, el 51.9 por ciento la trabajan pequeños productores (tienen de 0 a 2 hectáreas), de acuerdo con la Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tlaxcala (76 por ciento), Oaxaca (62 por ciento), Chiapas y Guerrero (56 por ciento) son las entidades con mayor actividad agrícola y Tabasco (63 por ciento), Sonora (57 por ciento), y Veracruz (54 por ciento) se dedican principalmente a la ganadería.

En un nivel más desglosado, Fundar expuso que a pesar de las condiciones precarias para producir y la falta de apoyos económicos gubernamentales, la pequeña agricultura representa el 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional. El 73.4 por ciento de los productores de maíz amarillo son de hasta 5 hectáreas, el 70.5 por ciento de maíz blanco y el 60.6 por ciento de frijol. Son datos de 2007 porque el Inegi no pudo actualizar el Censo Agrícola Ganadero en 2017 por falta de presupuesto, aclaró Cervera Villanueva.

MÁS DINERO PARA LOS MÁS GRANDES

El Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno anterior planteaba la necesidad de “reorientar los programas para transitar de los subsidios ineficientes a los incentivos a la productividad y a la inversión”.

No obstante, Fundar, basado en datos de la entonces Sagarpa (ahora Sader), determinó que las entidades más beneficiadas con los subsidios gubernamentales para el campo se caracterizaron por tener un mayor número de productores con predios grandes, que utilizan tracción mecánicas, disponen de riego y comercializan su producción, mientras que “castiga” a los productores menos capitalizados, pobres, temporaleros y minifundistas.

Del padrón del programa Procampo, entre 2006 y 2012, el 20 por ciento que eran grandes productores concentraban cerca del 60 por ciento de los recursos, y el restante 80 por ciento solo les tocaba el 40 por ciento.

Fundar no ha podido actualizar “Subsidios al campo” porque la Sader no ha terminado los padrones de beneficiarios de los nuevos programas federales de apoyo al campo, aclaró el investigador encargado, Manuel Cervera.

Jonathan Fox, del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California, dijo en una conferencia organizada por Fundar que las evaluaciones oficiales del programa Procampo no intentaron medir el grado en que llega a los productores de granos.

“Por razones que no quedan claras, el hecho es que Procampo sigue excluyendo a la mayoría de los productores de menores ingresos de México, aquellos que tienen menos de 2 hectáreas de tierras. Procampo excluye a los más pobres entre los pobres”, determinó.

Fox precisó que los subsidios no se limitan a pagos directos. La entonces Sagarpa, expuso, ofrece muchos otros programas que entregan bienes a particulares que van desde reembolsos para el uso de diésel y para compras de bienes de capital como tractores, hasta subsidios más indirectos, como las tarifas subsidiadas para el bombeo de riego, y la cobertura de los mercados a futuro para productores comerciales. “El decil superior de productores concentra un 60 por ciento de los subsidios indirectos de energía e hídricos”, documentó.

“LAS 10 HERMANAS DEL CAMPO” Y NESTLÉ

El investigador de Fundar, Manuel Cervera Villanueva, explicó que el padrón de beneficiarios de programas de apoyo de la Secretaría de Agricultura solo muestra el nombre de los productores que se postularon, no el de empresas.

“Difícilmente encontrarás el nombre de una trasnacional en el padrón de Procampo, pero sí el nombre de un productor que la empresa pidió registrarse”, dijo. “Se han detectado ex servidores públicos de la Sagarpa en el padrón”.

Los colectivos y ex diputados ya lo han indagado.

Adelita San Vicente, de la campaña “Sin Maíz no hay País”, aseguró en entrevista que a través de programas “obscuros” como la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) de la entonces Sagarpa se otorgaban subsidios a las denominadas “10 hermanas del campo”, por lo que pidió que en el nuevo Programa Nacional de Desarrollo se anteponga el derecho a la alimentación sobre el negocio.

“Desde hace años hemos observado estos grandes subsidios que se les dan a las grandes empresas trasnacionales y nacionales, entre ellas las que se les ha llamado las 10 hermanas del campo: Bimbo, Maseca, Grupo Sigma, Bachoco, Su Karne, Herdez, Lala, Alpura, Grupo Modelo y Femsa. En 2010 se calculaba que el 40 por ciento de los subsidios los acaparaban estas empresas que han interpuesto un modelo agroalimentario en el país”, aseguró.

Respecto a Nestlé México, empresa suiza con 17 plantas en siete estados y genera alrededor de 16 mil empleos directos, “se ha caracterizado por impulsar los monocultivos y el uso de cultivos transgénicos en sus productos de alimentos”, acusó Movimiento Social por la Tierra.

“Agromod, la empresa de Alfonso Romo –que tiene los viveros más grandes de América Latina por reproducción de tejidos–, asesor del Gobierno de AMLO, le está vendiendo 6 millones de plantas a Nestlé cada año, en los últimos tres años. En 2011 hizo un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que dependía de la Sagarpa de aquel tiempo. Con ese convenio se encargó de producir nuevas semillas cafetaleras”, expone en un comunicado.

Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente Obrera Agrícola Campesina (CIOAC) y ex Diputado perredista (2009-2012), dijo a este medio que empresas como Maseca y Bachoco reciben subsidios gubernamentales.

“Casi todas las organizaciones campesinas hemos cuestionado que lejos de darles los apoyos a esas empresas, los recursos se orienten a la producción interna de alimentos y canalizarlos a pequeños y medianos productores que lo necesitan. Ellos solo hacen negocios”, afirmó.

“Me parece cuestionable que un gobierno apoye a las grandes empresas nacional y trasnacionales, y deje de hacerlo con los pequeños productores que se la han jugado por el país en la producción de alimentos”, añadió.

De acuerdo con Ovalle, que en su periodo como Diputado manejó el presupuesto, es a través del Programa Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización de la Sagarpa en que el gobierno benefició a estas empresas.

Otro Diputado perredista, José Antonio León Mendívil (2012-2015), también señaló desde 2014 al Programa de Incentivos a la Comercialización de la ASERCA, parte de la Sagarpa, y al Programa de Prevención y Manejo de Riesgos de la Sagarpa.

“Cuando la prometida Reforma al campo pudo crear alguna esperanza en la población rural cayó como una lápida la Reforma Energética. Desde ese momento quedó claro que para la administración [de Enrique Peña Nieto] la prioridad no era la producción agropecuaria ni la alimentación de los mexicanos”, reclamó en la comparecencia del ex titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez.

“Por encima de la producción de alimentos, de medio ambiente y los derechos agrarios se privilegiaron las ganancias y los intereses de las grandes empresas extractivas de las cuales, junto con las riquezas naturales del subsuelo se le entrega también la tierra y los territorios de ejidos y comunidades”, añadió León, ex miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en Sinaloa.

A partir del Programa de Incentivos a la Comercialización operado por la Aserca de Sagarpa, de acuerdo con los datos del padrón de beneficiarios de 2013, la Comercializadora Industrial AOAS recibió 198 millones 300 mil pesos de subsidio; Gruma-Maseca (Archer Daniels Midland) recibió 138 millones 311 mil pesos; Bachoco recibió 100 millones de pesos; Bimbo (La Moderna) recibió 72 millones de pesos, expuso, “mientras que al campesino se le regatean mil pesos de Proagro o se le ponen miles de obstáculos para tener acceso a proyectos de 30 mil pesos”.

“Estos grupos monopólicos, en especial Bimbo (La Moderna), Bachoco y unos cuantos más son quienes controlan y deciden sobre las cosechas, el crédito, los insumos estratégicos, los precios de mercado, las importaciones y las exportaciones en la producción del sector agropecuario nacional”, acusó León Mendívil.

“¿Cómo vamos a romper estos monopolios, si en lugar de combatirlos y regularlos, ponemos a su disposición instituciones, empleados, infraestructura e inclusive los recursos del presupuesto federal?”, planteó. “Elevar la calidad de vida en el medio rural, democratizar la producción y el mercado regulando a los monopolios y garantizar la soberanía alimentaria para los mexicanos sí debe ser prioritario”.

Ante ello, Víctor Suárez Carrera, actual subdirector de la Secretaría de Agricultura (SADER), como ex director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec) planteó la necesidad de reorientar con rango de Ley (Ley  del Proagro) los subsidios para evitar la  discrecionalidad y la  incertidumbre de reglas de operaciones, y garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Leticia López, actual directora de la ANEC, dijo en entrevista que se está continuando con esta necesidad de transparentar los subsidios para evitar favoritismo a las grandes compañías de alimentos, por encima de los pequeños productores abandonados sobre todo el sur.

Pero a pesar del cambio de Gobierno, Adelita San Vicente de Sin Maíz no hay País y López del ANEC resaltaron la inversión de la planta de Nestlé para producir café en Veracruz.

“¿Qué tanto va romper este Gobierno con esta inercia de apoyo a las trasnacionales o mexicanas?”, cuestionó Adelita.

“Es una señal muy preocupante, porque Nestlé tiene un modelo de producción que va en contra del café mexicano con variedad y ambos competirán en el mercado. Los campesinos mexicanos que producen café en pequeñas superficies en una altitud y bajo la sombra de los árboles fomentan una gran diversidad. En cambio, el café que promueve Nestlé es la variedad robusta, indrustrializada que crece a sol pleno en grandes extensiones usando agroquímicos. El café soluble no es café porque tiene jarabes”, comparó.

“Compiten en el mercado de manera muy desleal porque Nestlé produce a bajo costo mientras que los productores de pequeña escala enfrentan problemas; es un golpe muy fuerte a la pequeña producción de café”, dijo.

Movimiento Social por la Tierra también se manifestó en contra del desplazamiento del cultivo del café arábica por el robusta de Nestlé, por ser el sustento de las familias de los pequeños productores de café, y rechazó que se deforesten más de 80 mil hectáreas para la siembra y el monocultivo del café robusta.

Este modelo de subsidios a grandes empresas por encima de los medianos y pequeños productores afecta a la soberanía alimentaria de México, advirtió la integrante de Sin Maíz no hay País.

“Ha sido una política obscura y deliberada que a lo largo de 36 años desde los gobiernos neoliberales y que se firmó el TLCAN se dijo que el campo no era un negocio”, aseguró. “Basados en las ventajas comparativas, los neoliberales comenzaron a importar maíz, frijol y arroz y exportar lo que da recursos como el aguacate o la cerveza, que afecta el agua y provoca deforestación”.