El impulso de la Ley 3de3 (esa que firmamos más de 600 mil mexicanos exigiendo la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a cada uno de los servidores públicos) derivó en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En palabras del presidente Enrique Peña Nieto: “Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción trabajaremos para erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley; de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta (…) El nuevo Sistema representa un cambio de paradigma, que dota al País de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción (…) Estoy seguro que en México habrá un antes y un después de este sistema”.

Y sí, hubo un antes y un después en el discurso, porque en los hechos, en la presentación del presupuesto 2017, no se destinó un solo peso para que suceda este “cambio de paradigma”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  denunció esta falta de presupuesto y luego de una revisión exhaustiva llegaron a la conclusión de que se recortó el 5.3 por ciento del gasto para inhibir y sancionar la corrupción. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, la Secretaría de la Función Pública recibirá el próximo año mil 227.38 millones de pesos, casi 70 millones de pesos menos, en comparación con este año (aunque de poco le ha servido, pues no se ha visto que se traduzca en resultados). 

Con motivo de este descubrimiento –por demás decepcionante– el IMCO no se ha quedado con los brazos cruzados y ha empezado una campaña de difusión llamada “La ruta de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción” la cual, como su nombre lo dice, de manera didáctica tanto para los diputados y senadores y para la población en general, nos recuerda que la Ley 3de3 no debe quedar sólo en una intención, sino que desde la ciudadanía se debe impulsar –otra vez– que ese Sistema Nacional Anticorrupción realmente opere. Así que ahí les van los nombramientos y fechas claves:

1. Comisión de Selección: Encargada de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana / Fecha límite 19 de octubre 2016.
2. Comité de Participación Ciudadana: Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, cinco ciudadanos / No hay plazo determinado para la selección de los integrantes.
3. Comité Coordinador del SNA: Establecerá mecanismos eficientes de comunicación y coordinación en el Sistema / Deberá de formarse 60 días después del Comité de Participación Ciudadana.
4. Secretario Técnico: Encargado ejecutar las decisiones que se tomen en el Comité Coordinador / Deberá de nombrarse 60 días después del Comité Coordinador.
5. Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Imponer las sanciones a los servidores públicos / El Presidente debe enviar sus propuestas a más tardar el 1 de febrero de 2017.
6. Secretario de la Función Pública / Tan pronto como el Presidente lo proponga al Senado.

Estos tiempos y nombramientos no pueden ni deben perderse de vista, por ello sorprende que teniendo como tarea formar toda esta estructura, no se haya contemplado un solo peso. La planeación de este gobierno es un desastre. Así que nosotros evitemos la improvisación y exijamos como sociedad la implementación de un modelo anticorrupción impecable. Gran parte del éxito está en nuestra cancha, sigamos la ruta y logremos la consolidación de la nueva cultura de #3de3. 

 @jrisco