El pasado 16 de diciembre, 15 días antes de la fecha límite establecida por la ley, la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo entrega al Congreso local –a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental que yo coordino– del informe de resultados de la revisión a la cuenta pública de 2018.

El pasado abril, los gobiernos estatal y municipales de Coahuila hicieron llegar al Congreso sus respectivas cuentas públicas correspondientes al año anterior, es decir, 2018. En principio debían ser 39 cuentas: una por cada municipio, más la del estado. Pero como no las presentan consolidadas, ya que las formulan por separado cada uno de los tres Poderes, así como los diversos organismos descentralizados del estado (que son 53), los paramunicipales (que suman 20), los 22 sistemas de agua y saneamiento y los nueve órganos constitucionales autónomos, en total fueron 145 entes los que presentaron cuenta pública por el año 2018.

Mismas cuentas que revisó la ASE entre mayo y diciembre de 2019 a través de mil 792 auditorías. De estas, mil 195 se practicaron a entidades del ámbito municipal y 597 del ámbito estatal.

Por tipo de auditoría, mil 020 fueron de las llamadas auditorías de cumplimiento, 170 de obra pública, 144 de legalidad, 314 de desempeño y 144 financieras. Total: mil 792 auditorías.

Por lo que hace a las auditorías de obra pública, que se dice fueron 170, no deja de llamar la atención que, como sucedió también el año anterior, al gobierno del estado sólo se le practicó una ¡sí, una!, no obstante de ser el ente público que más obra pública desarrolla, con todo y que en los últimos años ésta ha sido escasa.

Ahora bien, como desde hace varios años está vigente la disposición de que no es necesario que concluya el ejercicio anual y hasta cuatro meses después, luego de presentar en abril siguiente su cuenta pública, para que el ente auditado empiece a ser revisado, sino que lo puede ser durante el año en curso de que se trate, toda vez que la ley ordena la presentación trimestral de los que llama “Informes de avance de la gestión financiera”, en su Informe Ejecutivo la ASE indica que “durante los meses de abril a julio de 2018, se realizaron 39 auditorías bajo el esquema de visitas domiciliarias, con el propósito de fiscalizar del 1 de enero de 2018 a la fecha de notificación de las órdenes de visita” (página 11).

Esas auditorías, digamos que “adelantadas”, 39 como se dijo, fueron a 37 de los 38 municipios, otra al Simas Torreón y una más a la Universidad Autónoma de Coahuila. Los resultados, por cierto, de esta última, la UAdeC, son terribles.

Pues bien, en las auditorías, visitas e inspecciones llevadas a cabo, desde las que desde luego se levantan actas pormenorizadas, se suelen encontrar irregularidades en la gestión financiera. La ASE gira, a los responsables de éstas, pliegos de observaciones o de recomendaciones, según se trate, correspondientes a cada una de las irregularidades detectadas. Los responsables de los entes auditados disponen de 15 días hábiles para solventar (justificar, explicar, aclarar) las observaciones que les fueron comunicadas, o bien, señalar cómo fueron atendidas las recomendaciones recibidas.

Señala la ASE en su Informe de Resultados de 2018 que quedaron sin solventar un total de 11 mil 609 observaciones, cuyo importe no aclarado o justificado asciende nada menos que a 5 mil 396 millones de pesos.

Lo que a continuación sigue es que la ASE integre los expedientes de responsabilidades a efecto de realizar las acciones subsiguientes. A saber: si se trata de faltas administrativas no graves, dar vista a los órganos internos de control de los respectivos entes auditados, para el efecto de que continúen con la investigación y, de ser el caso, inicien el procedimiento sancionador que corresponda.

En los casos de faltas administrativas graves, la ASE debe presentar denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que éste desahogue el procedimiento de responsabilidades e imponga la sanción que corresponda. Pero si se trata de conductas delictivas, la ASE está obligada a presentar denuncias y querellas ante la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción, por los probables ilícitos derivados de las auditorías. Asimismo, en los casos en que proceda, la ASE está facultada para presentar ante el Congreso del Estado denuncias de juicio político.

Procede dar cuenta aquí que, para el desarrollo de sus funciones, la ASE dispone de una plantilla de 263 empleados, el 92 por ciento de ellos profesionistas, 15 con nivel de posgrado.

Cabe señalar que en su Informe 2018 (que comprende 25 tomos), la ASE, más allá de lo estrictamente relacionado con las auditorías y los resultados de éstas, incluye 16 estudios técnicos del ámbito municipal, entre los que destacan tres: una evaluación de sus sistemas de pensiones, otro sobre la medición de la eficiencia de su gasto en seguridad pública y un análisis del comportamiento de sus recaudaciones en materia de impuesto predial.

Asimismo cinco estudios especiales del ámbito estatal, uno de ellos sobre la evolución de la deuda pública 2012-2018 y otro sobre la viabilidad financiera de los organismos estatales de pensiones.

La Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso dispone de 60 días, que se cumplen el próximo 14 de febrero, para emitir dictamen sobre el Informe de Resultados 2018 elaborado por la ASE.

@jagarciavilla