Una inmensa mayoría de municipios de México se encuentran gobernados por autoridades relacionadas, tangencial o directamente, con grupos criminales que imponen sus cuotas de dinero o de sangre para acaparar una gigantesca riqueza inaccesible al fisco con el consecuente daño a las finanzas públicas, también amedrenta a los inversionistas domésticos y aterrorizan a los foráneos ocasionando una severa parálisis económica con todas las consecuencias sociales imaginables para el País.

Si un elevado porcentaje de las corporaciones policiacas estatales y municipales están bajo el control del hampa, no nos sorprendamos de la terrible seguridad pública, una de las principales responsabilidades de un gobierno eficiente y respetable. Sin tomar en cuenta el monto de la corrupción en el sector público originado en los desfalcos y otorgamiento de compras por asignaciones directas sin pasar por el rigor legal de las licitaciones, la pregunta pertinente sería la siguiente: ¿Cuánto vale ese negocio, incluido el cobro de piso y la venta de narcóticos, entre otras pavorosas modalidades delictivas?

Las evidentes consecuencias económicas y sociales, propias del avance incontenible del crimen organizado, el número de asesinatos, secuestros, asaltos y desaparecidos, los chantajes y extorsiones padecidos por la sociedad en el contexto de un conjunto de entidades de la federación en las que resulta imposible la imposición de la ley, más las venganzas entre partidos políticos, despiertan entre los integrantes del “H” Senado de la República la tentación de aplicar la Constitución para desaparecer los poderes de ciertos estados acosados por la delincuencia organizada o no. De esta suerte, recientemente se solicitó la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, sin perder de vista lo ocurrido en Morelos y Guerrero.

¿Más? Nuestras fuerzas armadas tienen instrucciones de no defenderse ante las agresiones abiertas de personas que las desafían impunemente, por lo cual se encuentran impedidas de imponer el orden, sí, pero por el otro lado las autodefensas combaten sicarios y policías municipales solapados por los narcotraficantes. El País entonces marcha al garete en clara dirección al vacío.

En otro orden de ideas, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato, José Rosas Aispuro de Durango; Miguel Riquelme Solís de Coahuila, Enrique Alfaro de Jalisco y Silvano Aureoles de Michoacán advirtieron que abandonarían el Pacto Federal de persistir los recortes presupuestales y si no se modificaban las reglas del Pacto en función de la economía de dichas entidades, de modo que los impuestos que se cobran en dichos estados ya no se fueran a la Federación. Los llamados al orden y al respeto se han llevado a cabo para luchar a favor de la definición federal en relación a la elaboración de presupuestos justos que no vulneraran el Pacto Federal ni el orden Constitucional por medio de mayoriteos legislativos que atentan contra la autonomía y dignidad de los Estados libres y soberanos.

A la balcanización de México, o sea a la desintegración política y jurídica de nuestro País, se suma la figura de los llamados “superdelegados” encargados de aprobar y de supervisar los programas y presupuestos federales, incluido lo referente a la seguridad en las 32 Entidades del país, que produjo el rechazo de 13 gobernadores ante una nueva violación del Pacto Federal y de la autonomía de los estados libres y soberanos.

Imposible olvidar cuando se creó la República de Yucatán y el 7 de enero de 1840 se fundó la República del Río Grande integrada por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, sin perder de vista a Durango, Chihuahua y Nuevo México cuyos habitantes también se oponían a la dictadura centralista ejercida por la burocracia política del siglo 19 desde la Ciudad de México. Tejas, así con jota, se perdió entre otras razones por la misma dictadura centralista encabezada por Santa Anna.

Si por un lado se solicita la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, y existe la tentación de hacerlo también en Morelos y Guerrero ante la existencia de estados fallidos y las autodefensas intentan imponer el orden ante la ausencia o ineficacia de autoridades militares o policiacas y, por el otro, diferentes gobernadores amenazan con romper el Pacto Federal ante la presencia de diversas violaciones constitucionales inadmisibles, ¿no debe entender la administración federal, así como el Senado, que sus políticas y estrategias amenazan la integridad de la República? La 4T juega con fuego y expone a la ruina el patrimonio político y social conquistado históricamente por nuestros ancestros con todo y sus virtudes y fracasos. ¡Cuidado!

@fmartinmoreno