El furor mediático de filtraciones y videoescándalos al que hemos asistido las últimas semanas nos vuelve a confirmar una cosa: es casi imposible desentrañar la corrupción porque a la menor provocación sus efectos se frivolizan, porque se entiende como un elemento indefectible en ese juego perverso al que hemos reducido el concepto de “política”; es casi imposible erradicar la corrupción porque hace siglos está normalizada; porque, total, no pasa nada; porque así se las gastan, porque “el que no tranza no avanza”, porque el corrupto siempre es el de enfrente. Todos esos juicios preconcebidos, que la realidad mexicana refuerza todos los días, provocan que ya casi nada sorprenda: es normal si se roban urnas, si se compran votos, si se soborna, si hay cohecho, si se rebasan topes de campaña, si se recibe dinero ilícito. ¿Y si hay impunidad?, Bueno, también es normal. 98 por ciento de los delitos en este país no se castigan, ¿por qué habría de sorprender?

Y mientras flotamos en ese bucle infinito, los problemas crecen. Sobre todo en época electoral, donde todo mundo afirma tener soluciones mágicas a los problemas de siempre, donde la danza de promesas no termina y las decepciones se dan por descontadas, donde el delito se vuelve anécdota.

Después de que se pase página a los procesos locales de Coahuila e Hidalgo, aparecerá inmediatamente el 2021 con todos sus retos, con toda su complejidad, y seguramente también con un catálogo enorme de conflictos. ¿Qué podemos esperar de unas elecciones que serán fundamentales para el futuro inmediato del país? Seguramente, y para no variar, mucha tranza, porque hace mucho que los partidos políticos convirtieron la violación de la ley en un negocio rentable.

Vale la pena recordar el extenso estudio titulado “Bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México”, publicado en 2018 por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” y la consultora “Integralia”. Aquel año, se establecía que, si el INE destinó 11 mil 844 millones de pesos a los partidos políticos para gastos de campaña, el monto real de lo erogado estuvo por encima de los 177 mil millones de pesos, es decir: los partidos políticos tienden a exceder su gasto hasta en un mil 400 por ciento. Dicho de otro modo: por cada peso limpio que los partidos políticos le reportan al INE en gastos de campaña, habría por lo menos 15 pesos sucios, provenientes, obvio, de fuentes ilegítimas. 

El asunto aquí es que a los partidos no les asusta rebasar topes de gastos de campaña ni incurrir en delitos electorales. Esas artes ya las tienen no solamente dominadas, sino incluso presupuestadas: por lo regular lo que los partidos pagan en multas no equivale ni al 4 por ciento de las cantidades de dinero que reciben. Además, si el INE les detecta gasto ilegal, sólo se llega a conocer el origen de un peso con 40 centavos de cada 10 pesos fiscalizados. Tal cual: hacer tranza es rentable.

El próximo año, los partidos políticos recibirán al menos 7 mil 226 millones de pesos de dinero público, dinero que sale de nuestros bolsillos, dinero que es producto del trabajo de todos los ciudadanos mexicanos. Si se aplica la misma fórmula con que se calculó el dinero ilícito en 2018 a razón de 15 pesos sucios recibidos bajo la mesa por cada peso limpio reportado en el financiamiento oficial, ¿de cuántas carretadas de miles de millones estamos hablando?, ¿cuánto delito y cuánta tranza va a ocurrir para que ese dinero llegue a las arcas de los partidos?

Las elecciones del próximo año son cruciales para el futuro inmediato del país: se renueva la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, 13 estados eligen alcaldías junto con congresos locales, dos entidades eligen sólo alcaldes y dos más sólo diputados locales. En suma: 21 mil 368 cargos de elección popular están en juego y desde todas las trincheras ya están saliendo, como lanzas, los gritos de fraude. Un escenario lamentablemente propicio para que la tranza siga siendo la regla, nunca la excepción. La pregunta es, entonces: ¿hasta cuándo? 

PRÓXIMA ESTACIÓN
MANUEL SERRATO