En México, la justicia local representa el problema más estructural que tiene el acceso a la justicia como derecho fundamental. En términos generales, las personas tienen más confianza en las instancias federales e internacionales, que en la primera etapa de la justicia que les corresponde a las entidades federativas.

Incluso. Existe la idea de que la justicia, si llega, se logra en el amparo o en procedimientos del sistema universal e interamericano. Nada más que justicia tardía también es injusticia. Es inadmisible que una corte federal o internacional tenga que reconocer la violación de derechos que un juez local podía resolver desde el principio.

Las instancias revisoras, por tanto, deben ser excepcionales. Los jueces locales somos los que debemos tomar en serio nuestra obligación de impartir la justicia de manera pronta, expedita y completa.

En efecto, el primer problema estructural de la justicia ordinaria es la dilación. La garantía de breve juicio no solo representa una violación grave que se explica por el número de asuntos. En forma especial, los tribunales locales no tienen ningún modelo de reingeniería administrativa que permita una mayor celeridad y prontitud en la resolución de los asuntos que nos corresponde.

Es más: la justicia rápida exige un nuevo perfil que debe formarse sin las escuelas tradicionales del poder judicial. Un juez pronto debe ser un juez razonable en la interpretación de las formas del debido proceso, con mayor rigor jurídico. Debe tener una mejor formación administrativa. Pero sobre todo una mayor sensibilidad para resolver los problemas que se enfrentan en un juicio.

Las personas acuden a los jueces a resolver sus problemas. No se acude a un juez para que generemos más problemas. La violación a sus derechos exige jueces efectivos que atiendan de manera diligente la solución del conflicto.

Esta cuestión plantea un segundo problema estructural. La formación de los jueces locales. Debemos reconocerlo. Se han formado en tradiciones jurídicas que hoy no son útiles para resolver los problemas de una sociedad compleja. El formalismo autoritario del debido proceso ni genera certeza ni igualdad procesal. Solo propicia obstáculos irracionales en el acceso a la justicia.

Esto exige una estrategia de fondo en la carrera judicial. Los poderes judiciales locales deben apostar por verdaderas escuelas judiciales que representen una formación adecuada del personal judicial. No se trata de dar simples capacitaciones, cursos o certificaciones inútiles. Se trata de construir una escuela autónoma y profesional en donde la reserva judicial se vaya formando con una buena teoría y práctica de la función jurisdiccional.

Los jueces locales, por tanto, deben ser el resultado de verdaderos exámenes de oposición que permita garantizar un perfil adecuado. Los procesos de selección deben estar acompañados de garantías institucionales que evalúen de manera objetiva e imparcial la trayectoria de los profesionales del derecho.

Las personas merecen jueces profesionales. No podemos garantizarlo si las designaciones de magistrados o jueces locales no están sometidos a procesos de competencia meritocrática, en donde la opinión pública será relevante para la deliberación de un perfil judicial.

Un tercer problema tiene que ver con la apertura judicial. Los jueces debemos garantizar procesos públicos en donde se asegure la mayor publicidad de nuestra función para que el escrutinio de la sociedad resulte eficaz.

Los jueces aislados en la opacidad abonan al desprestigio judicial. Los jueces locales debemos preocuparnos por hacer accesible nuestras sentencias. No solo a la hora de redactarlas, sino también en su difusión. La sociedad tiene derecho a conocer la justicia que se imparte para criticarlas. Los jueces, por tanto, tenemos el deber de facilitar la información judicial para crear mejores procesos de deliberación de la cosa justa.

Jueces abiertos, por ende, son garantías de un nuevo proceso de reforma judicial que debe impulsarse desde el Poder Judicial.

BORDAR JUSTICIA

Mi carrera profesional inició desde el servicio judicial hace más de 25 años. Primero como defensor. Luego como secretario. Posteriormente tuve una etapa de servidor público, litigante y académico. Hoy todo parece que mi carrera profesional concluirá en el Poder Judicial.

Cuando llegué a trabajar en un juzgado, alguien me dijo. Si no sabes cocer un expediente no podrás ser un buen juez. Como no me gusta bordar, nunca aprendí a suturar a la justicia. Pensé que lo mejor era más bien cerrar las heridas de las personas que piden justicia con el Derecho y la razón.