La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impedir la divulgación de estadísticas detalladas sobre las intervenciones a comunicaciones privadas hechas por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante 2014, acusó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Con el argumento de que la difusión de esos datos tendría implicaciones en la seguridad nacional, el consejero Humberto Castillejos promovió un recurso previsto en la Ley General de Transparencia, el cual permite impugnar los fallos del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), indica un reporte del diario Reforma.

De acuerdo con R3D, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, aceptó el 4 de agosto la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia para suspender la difusión de los datos hasta que el asunto sea resuelto por la Suprema Corte, lo cual puede tardar hasta 6 meses.

La solicitud se presentó luego de que R3D interpuso una solicitud de información para conocer cuántas personas y dispositivos fueron intervenidos en 2014 y de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que dicha información es de carácter público.

El CISEN ya había aceptado publicar el número de intervenciones de comunicaciones privadas que solicitó a jueces federales en 2014, pero se negó a informar cuántas personas y dispositivos fueron intervenidas.

Esos datos fueron considerados por el INAI como información que sí se puede hacer pública, de acuerdo con un fallo de mayo pasado.

“La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada”, afirmó el pleno del INAI, al rechazar el argumento del CISEN de que no puede publicar más datos porque su actividad de inteligencia es reservada.

“Con la acción de la Consejería Jurídica, el gobierno federal demuestra que no posee un compromiso real con la transparencia y siembra dudas sobre los abusos que podrían estarse cometiendo con el pretexto de “la protección de la seguridad nacional”. En R3D defenderemos ante la SCJN la decisión del INAI y nuestro derecho a conocer la información estadística sobre la vigilancia de comunicaciones del gobierno mexicano”, indicó la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Las intervenciones de comunicaciones del CISEN están previstas en la Ley de Seguridad Nacional para casos en los que se considere que existe “amenaza” de que ocurran actos que atentan contra la estabilidad del país, como terrorismo, sabotaje, rebelión, interferencia extranjera, etcétera.

Es la segunda ocasión en que la Consejería Jurídica de la Presidencia utiliza este recurso, que es el único por el cual una autoridad puede bloquear judicialmente las órdenes del INAI.

En septiembre de 2015, la Consejería impugnó una orden de transparencia para que el Estado Mayor Presidencial (EMP) publique datos sobre itinerarios, planes de vuelo y listas de pasajeros de su flota aérea de julio a octubre de 2014.