Cada año, más de 3 mil mujeres son asesinadas en nuestro País debido a una situación relacionada con su género, exhibiendo en algunos casos altos niveles de violencia, presencia de tortura o la perpetración de otros delitos, la mayoría de ellos índole sexual. Sin embargo, a pesar de que se trata de una conducta que siempre ha existido, apenas hace unos años se tipificó en el país y hace un par de años el delito comenzó a ser registrado en la estadística delictiva.

Resulta relevante el registro de este delito porque difícilmente se pueden diseñar políticas públicas y acciones para enfrentarlo y prevenirlo si no contamos con información detallada sobre el mismo. Por ello resulta absurda, por no decir retrograda, la posición del Fiscal General de la República que solicitó se eliminara del Código Penal el feminicidio como delito, y apenas ayer presentó un plan de persecución penal que se enfoca en 10 delitos prioritarios, a los cuales serán destinados el 70 por ciento de los agentes de la Fiscalía, en donde no se incluyó el feminicidio.

Es decir, es preocupante que la principal autoridad responsable de perseguir el feminicidio en México no entienda la gravedad del problema y la necesidad de implementar medidas urgentes, que nos permita contener el crecimiento de dicho fenómeno. En cambio, se ha dedicado a evadir su responsabilidad, a afirmar que documentar un feminicidio es complicado y que por ello es mejor desaparecer el tipo penal.

De hecho, la actitud de Alejandro Gertz Manero apunta a una invisibilización del fenómeno, es decir, si ya no está tipificado y además no se generan estadísticas sobre el mismo, no se podrá tener certeza si dicho fenómeno va al alza o a la baja, si están funcionando las acciones de las diferentes instancias o si hay patrones en su comisión en donde se deba poner atención.

Si bien la Fiscalía es legalmente autónoma y, por ende, el Fiscal no depende formalmente del Presidente, también es un hecho que el apoyo del Presidente fue determinante para la llegada del Fiscal a través de los votos de la bancada de Morena y de sus aliados, por ello, valdría la pena que desde el Congreso, que es el medio de control de la Fiscalía, lo presionen por un cambio de postura y una mayor atención al tema.

A la Fiscalía le corresponde el tema de la procuración de justicia, pero hay otras aristas del problema que pueden ser atendidas desde el ámbito federal; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le toca el combate y parte de la prevención del delito y, además, a otras secretarías como la de Bienestar, Educación Pública o Salud les corresponden tareas de prevención.

A ello se deben sumar sus homólogos de estados y municipios, así como muchos otros actores e instituciones, por ejemplo, los medios de comunicación, las universidades, las empresas, las iglesias, organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y demás personas preocupadas por la erradicación de todo tipo de violencia.

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