Desafortunadamente existe una costumbre muy arraigada en los medios de poner mucho énfasis en los datos económicos a nivel país, dejando de lado los análisis y cifras que se tienen a nivel estatal o regional. No obstante que este segundo enfoque nos ofrece una panorámica mas clara en cuanto a las particularidades que se ven expresadas en la estructura económica de cada entidad federativa.

Como sabemos, la semana pasada el Inegi dio a conocer las cifras de exportaciones de mercancías por entidad federativa correspondientes al primer trimestre de este año. Ciertamente la publicación de estos datos se da un poco rezagada, debido a la complejidad que implica desagregar las exportaciones por entidad federativa, respetando el lugar en el que efectivamente se materializaron y no por el domicilio fiscal.

En dicho comunicado se resalta – lo que ya parece ser una costumbre - la posición que ocupa Coahuila al consolidarse como el segundo estado del país con mayores exportaciones (12,254,687,000 dólares) solamente detrás de Chihuahua con un total de 13,418,993,000 dólares.

Únicamente para poner en contexto estas cifras, solamente estas dos entidades representaron el 25.8% de las ventas totales al exterior durante el primer trimestre. De ese tamaño es la fortaleza exportadora de estos dos estados.

Adicionalmente a ello, debemos recordar que, de acuerdo con el último registro disponible, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre del año, los estados con menos tasa de informalidad laboral son Chihuahua con 34.3%, Baja California con 35.8% y Coahuila con una tasa del 36.1% respecto a la población ocupada. De nueva cuenta ambos estados sobresalen en este indicador.

Pareciera existir a simple vista -aunque habría que corroborarlo con investigaciones más robustas- la alta causalidad que existe entre volumen de exportaciones y formalidad laboral. Independientemente de ello, la evidencia de los datos nos permite concluir que somos un estado privilegiado en el sentido de la importancia estratégica que tenemos en el sector externo y a la vez con un mercado laboral muy cargado a la formalidad.

Ante este panorama ya descrito, resulta inevitable preguntarnos sobre un par de aspectos a modo de un ejercicio reflexivo: ¿qué tanto hubiera potenciado aún más a la economía coahuilense, la continuidad en la implementación de la reforma energética respecto a la inversión en shale gas? Y algo no menos importante, ¿cómo nos hubiera beneficiado en términos de generación de empleos un clima más favorable hacia los inversionistas desde el Gobierno Federal en un entorno de un respeto irrestricto al Estado de Derecho?

Preguntas que irremediablemente nos hacemos y que quedan en el aire.