El afán de mediatizar con inmediatez el combate a la corrupción para presentar logros, está siendo el principal obstáculo para impartir con eficiencia la aplicación de la justicia. Cada vez que se destapa un caso y se gira una orden de aprehensión se acelera de modo indebido y peligroso la justificación de la captura para presentar logros ante los medios de comunicación. Ante esto se dan prácticas apresuradas, que incluso violan la presunción de inocencia del inculpado quien es exhibido públicamente cuando aún no empieza el juicio.

Para esto el Ministerio Público empieza a integrar las carpetas en contra de un presunto acto delincuencial clasificando estos delitos con premura. De este modo vemos que para presentar el caso ante la prensa termina clasificándose como “asociación delictuosa”, “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, “delincuencia organizada”, “enriquecimiento ilícito”, “lavado de dinero”, “cohecho” y otras frases comunes estereotipadas que no logran describir la gran diversidad de conductas delictivas que hoy englobamos como corrupción y que deben integrarse en los juzgados durante la acumulación de pruebas.

Pareciera que se copian textos de una denuncia de ayer y se aplican a otros procesos de hoy. El estereotipo y las frases cliché que generalmente se utilizan en los expedientes terminan no correspondiendo con precisión a los delitos que se van perfilando en los juzgados.

Cuando más adelante los juzgados reciben pruebas pareciera que el caso ya llegó viciado de origen, pues fue prejuzgado ante la opinión pública, limitando así la capacidad de análisis que debe darse en los juzgados durante el juicio, recibiendo pruebas en contra de los presuntos implicados, así como las de descargo y todo aquello que pueda ayudar a exculpar a los indiciados.

Incluso, los jueces se pueden ver presionados emocionalmente para no recibir pruebas por parte de la defensa, las cuales pudieran contradecir lo expuesto públicamente en la captura, o desestimar lo que se oponga a la versión original, ya aceptada y validada por la opinión pública.

Parte de la problemática de la impunidad en México se debe a la mala integración de expedientes en los juzgados por la presión de la opinión pública. La utilización de frases cliché o estereotipos lingüísticos en la presentación del caso a los medios de comunicación, está obstaculizando el trabajo de los juzgados.

Por ello en muchos casos de corrupción la gravedad del castigo corre el riesgo de quedar sujeto a consideraciones políticas, que se aprovechan de la ambigüedad lingüística y permiten ser implacables con los adversarios políticos, o benevolentes con los de casa. Cuando la clasificación de delitos se categoriza en unos cuantos estereotipos, probablemente habrá inculpados que se beneficien, pero también otros que serán juzgados con gravedad innecesaria a partir de ser incluidos en una interpretación que no corresponde al acto evaluado.

Definitivamente es necesaria una reforma de fondo para la aplicación de la justicia, principalmente en lo relativo a impedir violaciones de derechos humanos. La politización de los casos por parte del gobierno obstaculiza la integración sólida de los expedientes. Es necesario hacer menos vulnerables los casos frente a los grandes despachos de abogados que defienden casos donde hay mucho dinero de por medio, suficiente para comprar “conciencias”. ¿Y a usted qué le parece?