Uno de los elementos que el mundo de nuestros días requiere de forma creciente para sostenerse, cualquiera que sea el modelo económico al cual se encuentre suscrita una determinadaa sociedad, es la energía.

Todas las actividades que realizamos de forma cotidiana, desde las de carácter estrictamente personal hasta las productivas, pasando por las de investigación y desarrollo tecnológico, dependen de la energía -esencialmente la eléctrica- para sostenerse y desarrollarse.

Desde que ingresamos en esa etapa de la historia humana que implicó la tecnificación de la vida cotidiana, la energía se ha producido a partir de combustibles fósiles, es decir, a partir de fuentes de energía no renovables, y solo marginalmente a partir de fuentes renovables.

La razón para hacer esto es simple: la tecnología inicialmente desarrollada -y masificada- para la producción de energía se basó en fuentes no renovables, esencialmente carbón y combustibles derivados del petróleo. Producir energía a partir del viento, de la energía geotérmica o del sol era -hasta hace poco- inviable porque resultaba muy caro.

Pero los conceptos “caro” o “barato” no están asociados exclusivamente al costo monetario de la fórmula utilizada para generar energía, sino también a costos que no necesariamente se miden en dinero pero que resultan más valiosos: el deterioro ambiental en primer lugar.

Por ello, desde hace décadas se viene señalando que la producción de energía con base en combustibles fósiles y, en general, las fórmulas “sucias” que generan un alto impacto ambiental deben ser sustituidas por fórmulas “limpias”, es decir, por mecanismos basados en fuentes renovables que además produzcan un escaso -preferentemente nulo- impacto en el ambiente.

Dos fórmulas llevan claramente la delantera en estos momentos: la energía eólica y la solar -aunque existen otras más que parecen mucho más prometedoras-, de las cuales, paradójicamente, nuestro país tiene uno de los mayores potenciales del mundo.

Pese a ello, el actual Gobierno de la República está empeñado en colocar todos los huevos de la apuesta nacional energética en la canasta del petróleo, un insumo que tiene lo peor de todos los mundos: es finito, es altamente contaminante y hoy es muy poco rentable como negocio.

¿Por qué no apostamos como país -ahora que es el momento- por las energías limpias y provenientes de fuentes renovables? Se trata de una pregunta muy difícil de responder, al menos si uno pretende hacerlo a partir de una lógica que tenga cierta racionalidad.

Pero todavía peor que no apostar por las energías limpias es obstaculizar deliberadamente su desarrollo, tal como acaba de ocurrir hace unos días con el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) según el cual se impide por tiempo indefinido la entrada en operación de plantas de energía renovable (solares y eólicas en el caso de Coahuila), y limita la operación de otras centrales que ya están en operación.

La única explicación posible para esta decisión es que en materia de política energética -como en otras- hemos decidido colocarnos de espaldas al futuro.