Hace unas semanas se dio a conocer un documento que fue leído por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión celebrada en julio con los integrantes de tres de los órganos reguladores de la industria, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE).

En el documento se establecen los lineamientos generales de la política energética, así como el papel que en ella deben tener los reguladores, de acuerdo con el presidente.

No hay sorpresa en lo que se les indicó. Señaló López Obrador que ahora los reguladores deben orientar su actividad al fortalecimiento de las dos grandes empresas estatales: Petróleros Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hay que recordar que la reforma energética operada en la anterior administración les dio a estos organismos un peso específico mayor. Se trataba, precisamente, de que tuvieran una mayor autoridad técnica que les permitiera tomar decisiones para la creación ordenada de mercados eficientes en el sector energético.

Con ello no se estaba inventando el agua tibia. Prácticamente en cualquier lugar del mundo en el que se intentan desarrollar mercados luego de una condición monopólica, se construyen instituciones que impiden que las empresas dominantes usen su poder de mercado para detener el desarrollo de la competencia interna.

Eso fue lo que se diseñó para estos organismos y para ello se les mandató.

La interpretación que hizo el gobierno de López Obrador de ellos fue que el gobierno de Peña Nieto trataba de afectar a las empresas estatales de manera deliberada y favorecer a las firmas privadas.

No era ese el propósito, pero si se cumplía el objetivo de crear competencia, eso era lo que sucedería. Ello requería de una regulación asimétrica, que atara las manos de los antiguos monopolios.

Al llegar al poder, López Obrador prometió no hacer reformas legales en el sector energético, cosa que ha cumplido hasta el momento. En cambio, lo que realizó fue una sustitución de integrantes de los órganos de gobierno de dichos organismos. El caso más visible y claro fue el de la CRE.

El presidente de ese organismo, Guillermo García Alcocer, presentó sus renuncia en junio de 2019, en medio de presiones.

No fue el único caso, hubo otras sustituciones, tanto entre reguladores como en los consejos de las empresas estatales.

No se consideró que fueran suficientes esos cambios para instrumentar la nueva política y la Secretaría de Energía estableció toda una serie de decisiones que estaban orientadas a impedir la consolidación de los mercados en el sector.

Entre ellas, y solo a manera de ejemplo, puede citarse la cancelación de las rondas petroleras, la eliminación de la subastas eléctricas, la falta de construcción de infraestructura para darle conectividad a desarrollos privados en el área de energías renovables, los cambios de criterio en el despacho eléctrico, entre otros.

En el documento leído por el presidente se pidió a los reguladores que analizaran si el propósito de fortalecer a Pemex y a la CFE puede darse en el marco jurídico actual, o bien, si es necesario cambiarlo para alcanzar ese objetivo.

Probablemente, el presidente López Obrador teme que la serie de litigios que ya existen puedan bloquear la ejecución de la nueva política.

En el documento se establecen, por ejemplo, criterios bien definidos para el despacho de las fuentes de electricidad, que están en contradicción con las leyes vigentes.

Se señala que, en primer lugar, estará la energía generada por las plantas hidroeléctricas, todas operadas por la CFE. Luego seguirán sus plantas de ciclo combinado, así como el resto de plantas de la empresa. En tercer lugar estarán las plantas de energías renovables y, en cuarto lugar, la energía generada por las plantas de ciclo combinado operadas por el sector privado.

La legislación vigente establece que el criterio de despacho eléctrico se base en el menor costo, es decir, se introduce al sistema la electricidad más barata y en la medida que no se satisfaga la demanda se va incorporando la de mayor precio.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ante ello, interpuso una controversia constitucional, ya que dicha política contraviene el mandato constitucional que tiene. La controversia fue aceptada por la Corte.

Varias empresas del sector privado han promovido amparos, señalando su afectación por las nuevas políticas y muchos han sido aceptados y se han aplicado suspensiones a dicha norma.

La resolución de estos litigios está en manos de los tribunales y muy probablemente todos lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia.

No es imposible que la Corte dé la razón a la Cofece y a las empresas privadas, por eso es que el presidente formuló la interrogante respecto al marco jurídico vigente.

¿En qué medida sería factible proponer reformas legales o incluso reformas constitucionales para el sector energético actualmente?

Tal vez algunas reformas legales sí pudieran darse. Sin embargo, creo que la única manera en la cual el presidente considera que tiene seguridad para el cumplimiento de sus objetivos en materia energética es cambiando la Constitución.

El gran telón de fondo de este litigio son las acusaciones a Emilio Lozoya y las que ahora ha formulado el propio exdirector de Pemex.

Una de las que lanzó es la que señala que la reforma energética fue aprobada gracias a los sobornos entregados a quienes eran legisladores del PAN en ese momento.

Si se desacredita la reforma energética sería más fácil realizar una modificación constitucional.

No obstante, parece poco viable que esta pueda efectuarse antes de las elecciones de 2021 y, por lo tanto, su viabilidad quedará sujeta a lo que suceda entonces.

Morena y sus aliados no tienen el número de senadores que se requiere para pasar el cambio, salvo que negocien con el PRI y con ello la reforma no sería tal y como la quiere el presidente.

Si Morena lograra conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, más del 66 por ciento, sumando a sus aliados, y si logra la mayoría en al menos 16 de los 29 congresos estatales que estarán renovándose, tal vez podría acumular la fuerza para obtener los votos necesarios en el Senado.

Así que todo parece indicar que los lineamientos que dio el presidente a los reguladores energéticos tendrán que esperar al resultado electoral de 2021, que será determinante, entre muchas otras cosas, de lo que suceda en el largo plazo con el sector energético.