La pandemia del COVID19 se ha caracterizado por paralizar, como nunca, a la sociedad y a la economía. Casi todos en casa, con escasa movilidad, negocios y empresas cerrados, sólo aquellos considerados esenciales trabajan con medidas de seguridad y con bajo nivel de intensidad. La demanda de bienes y servicios bajó, inevitablemente, entre ellos, la demanda de energía eléctrica en el sector industrial y comercial, de tal forma que se presenta un desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda. 

Argumentando que dado este contexto, esté comprometida la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, lo que implica, entre otras cosas suspender por tiempo indefinido las pruebas preoperativas de proyectos renovables que pretenden ingresar a la red eléctrica. Con ello impide sin plazo determinado, la participación en el mercado a nuevas centrales eólicas y solares.

Esto quiere decir que la CFE debe de invertir en ampliar la capacidad de generación en el país, lo cual hará a través de la licitación de seis plantas que funcionan con gas natural y una con combustóleo, opciones contaminantes y contrarias a la búsqueda de una transición energética hacia la sustentabilidad, incluso a costos de generación más elevados que sus contrapartes solar y eólica. Según estimaciones de la Comisión Reguladora de Energía, en 2019 los costos de generación para suministro básico eléctrico, utilizando la tecnología fósil más barata, se ubicaron en mil 103 pesos por MW/h, mientras que los costos de generación provenientes de las subastas eléctricas estuvieron en 552 pesos por MW/h. Y aunque argumentan que México tiene la capacidad instalada para generar electricidad a través de energía renovable hasta en 31 por ciento, lejos de impulsar su crecimiento, con esta nueva decisión, lo frenan. 

El objetivo general es asegurar que la CFE se mantenga como la mayor generadora de electricidad en el país, aunque no necesariamente limpia, este proceso comenzó con la suspensión a finales de 2018 de las subastas para la compra de electricidad de fuentes renovables y el cambio de los lineamientos de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para incluir a la generación de las plantas hidroeléctricas de la CFE. 

Este acuerdo y las medidas que le preceden ponen en riesgo la operación y continuidad de proyectos renovables de compañías canadienses y europeas y amenaza la competencia y la inversión privada. Se suma más incertidumbre que definitivamente desalienta la inversión y estabilidad en nuestro país. Estos lineamientos son discordantes con la transición energética que México debe impulsar, para dar cumplimiento con los Acuerdos de París sobre las medidas para reducir las emisiones CO2 para mitigación y adaptación al Cambio Climático. México debe impulsar el gran potencial para el desarrollo de energías renovables, por ahora, hay gran incertidumbre al respecto. 

Reconexión Natural
Gabriela De Valle